El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado un nuevo estado de excepción que tendrá una duración de 60 días, con el propósito de hacer frente al creciente problema del crimen organizado en el país. Esta medida, que afecta a nueve de las 24 provincias ecuatorianas, incluye a Quito y Guayaquil, las dos ciudades más importantes, además de cuatro municipios en otras provincias. La decisión se produce en un contexto complicado para el país, donde la violencia y el narcotráfico han escalado a niveles alarmantes, convirtiendo a Ecuador en un punto crítico en la ruta del tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos.
La implementación del estado de excepción conlleva la suspensión de ciertos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Esto permitirá a las fuerzas de seguridad, tanto la Policía como las Fuerzas Armadas, realizar allanamientos sin necesidad de una orden judicial y llevar a cabo interceptaciones de comunicaciones. Este tipo de medidas ha sido objeto de controversia en el pasado, pero el gobierno ha argumentado que son necesarias para recuperar el control y garantizar la seguridad pública en un país que enfrenta una crisis de violencia.
El decreto fue emitido justo antes de los días festivos de Semana Santa, un periodo en el que millones de ciudadanos ecuatorianos suelen desplazarse por el país. Las provincias bajo esta medida se concentran en su mayoría en la costa, donde operan diversas organizaciones criminales que se benefician del narcotráfico. Estas organizaciones han convertido a Ecuador en un punto estratégico para el envío de cocaína, principalmente proveniente de Colombia, hacia mercados internacionales.
Entre las provincias afectadas se encuentran Esmeraldas y El Oro, que comparten fronteras con Colombia y Perú, así como Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha —donde se localiza Quito— y Sucumbíos, en la región amazónica. En esta última provincia, recientemente se realizaron operaciones militares conjuntas con Estados Unidos, destinadas a desmantelar campamentos de grupos armados vinculados al narcotráfico. Este tipo de colaboraciones internacionales subraya la gravedad de la situación y la necesidad de actuar de manera coordinada frente a un fenómeno que trasciende fronteras.
Desde el año 2024, el presidente Noboa ha declarado la “guerra” contra el crimen organizado, lo que ha llevado a la instauración de varios estados de excepción en diferentes momentos, algunos de los cuales han abarcado todo el territorio nacional. El objetivo principal de estas acciones es frenar la alarmante crisis de violencia que ha convertido a Ecuador en uno de los países con las tasas de homicidio más altas de la región, con más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el año 2025. Estas estadísticas reflejan un problema estructural que requiere soluciones más allá de medidas temporales.
El toque de queda previamente impuesto, que estuvo en vigor desde el 15 de marzo en cuatro provincias, concluyó recientemente y dejó una cifra significativa de detenidos, superando el millar. Esta medida había sido implementada para contrarrestar la delincuencia y finalizó a las 05:00 de la mañana del lunes pasado, después de dos semanas de restricciones nocturnas. Según el Ministerio del Interior, hasta el 29 de marzo se habían registrado 1.283 detenciones, principalmente por violaciones al toque de queda, lo que demuestra la necesidad de reforzar la seguridad pública en un contexto de creciente criminalidad.
A lo largo de este periodo, las fuerzas de seguridad también llevaron a cabo operaciones que resultaron en la incautación de múltiples armas, municiones y explosivos, así como la destrucción de infraestructuras utilizadas por grupos armados. El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que los resultados obtenidos durante el toque de queda fueron satisfactorios y que se continuarán realizando esfuerzos para combatir el crimen en el país. Sin embargo, queda por ver si estas medidas lograrán un impacto duradero en la lucha contra el crimen organizado y la violencia en Ecuador.
