La Policía de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, ha detenido a Fernando Luis Ochoa, un abogado de 44 años, en la localidad de Quilmes. Ochoa está acusado de liderar una serie de estafas digitales altamente sofisticadas, en las que se apoderaba de los datos biométricos de sus víctimas para solicitar créditos de altos montos. Esta detención pone de relieve un preocupante incremento en las estafas digitales que afectan a ciudadanos en todo el país, lo que genera una creciente necesidad de medidas de protección más efectivas.
La investigación se inició en enero tras la denuncia de una víctima que, tras contactar a Ochoa, fue engañada para que le enviara fotos y videos de su rostro, así como una copia de su DNI. Ochoa argumentó que necesitaba esta información para realizar diligencias administrativas relacionadas con su identificación. Sin embargo, una vez en posesión de estos datos, el abogado utilizó esta información personal sin consentimiento para abrir billeteras virtuales y solicitar tarjetas de crédito y préstamos bancarios, un esquema que afectó a varias personas desde septiembre de 2025 hasta la fecha.
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia policial, Ochoa no solo llevó a cabo esta maniobra con una víctima, sino que se ha identificado al menos seis casos adicionales donde utilizó el mismo método para perpetrar sus estafas. La UFIyJ N°1 de Quilmes, bajo la dirección del fiscal Ariel Rivas y con el apoyo del Juzgado de Garantías N° 3, ha logrado reunir pruebas que indican que el acusado solía solicitar préstamos a nombre de las víctimas por sumas que oscilaron entre cinco y veinte millones de pesos.
Una vez que los préstamos eran aprobados, los fondos se transferían a cuentas bajo el control de Ochoa, quien simulaba operaciones comerciales ficticias utilizando dispositivos Posnet propios. Este modus operandi ha causado un perjuicio económico significativo, estimado en alrededor de 500 millones de pesos, lo que resalta la magnitud de las operaciones delictivas en las que estaba involucrado.
El estudio jurídico donde Ochoa trabajaba había sido fundado por un abogado de 80 años con una trayectoria profesional notable. Sin embargo, la investigación ha revelado que era Ochoa, junto a su hijo también abogado, quien organizaba y ejecutaba las estafas. Durante las diligencias de allanamiento, se constató que empleados del estudio se habían presentado ante la justicia para informar sobre movimientos sospechosos e inconsistencias en las operaciones del bufete, lo que coincidía con el modo de operar del acusado.
En los operativos realizados en la vivienda y el estudio de Ochoa, la policía confiscó un número considerable de dispositivos electrónicos, incluyendo siete teléfonos celulares, cuatro notebooks, una computadora de escritorio y una All in One. También se encontraron dos dispositivos Posnet, diversas tarjetas a nombre del imputado y un total de treinta y cinco tarjetas de crédito y débito registradas a nombre de otras personas. Estos hallazgos han sido fundamentales para establecer la vinculación de Ochoa con las denuncias por estafa.
La detención de Ochoa no solo pone fin a una serie de estafas que generaron un alto impacto económico en las víctimas, sino que también plantea la necesidad de una revisión exhaustiva de los mecanismos de protección de datos personales en el país. En un contexto donde las estafas digitales están en aumento, es crucial que tanto las autoridades como los ciudadanos estén alerta y adopten medidas proactivas para proteger su información personal y financiera, evitando así caer en las garras de delincuentes que se aprovechan de la confianza y la vulnerabilidad de las personas.
