La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín logró la detención de R. B. M., un joven de 18 años vinculado a un violento ataque contra un oficial de la Policía de la Ciudad. Este hecho, que tuvo lugar en septiembre de 2024, ocurrió durante un intento de robo en la localidad de Polvorines, donde el menor había sido anteriormente alojado en un instituto de menores. Su recaptura se produjo luego de varios meses de intensa búsqueda y se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en la región.
El incidente que dio origen a la acusación se registró el 5 de septiembre de 2024, cuando R. E., un oficial de 30 años de la División Operaciones Urbanas de Contención Antidisturbios, fue abordado por dos individuos armados mientras se desplazaba en moto. Al identificarse como policía, se desató un intercambio de disparos en el que el oficial resultó herido en su pierna izquierda, mientras que los atacantes lograron escapar con su mochila y documentos personales. Este ataque resaltó la peligrosidad de los robos a mano armada en la zona y la necesidad de medidas de seguridad más efectivas.
La respuesta policial no se hizo esperar, y gracias al análisis de las cámaras de seguridad, se logró identificar a los agresores. Las imágenes mostraron a los delincuentes en una motocicleta Yamaha MT-03, lo que permitió un seguimiento exhaustivo de sus movimientos. Sin embargo, los sospechosos lograron evadir a las autoridades, desapareciendo de la vista de las cámaras en Campo de Mayo, lo que complicó la investigación inicial.
Con el avance de las pesquisas, el 8 de septiembre se logró identificar a uno de los autores, Dylan Leguizamón, de 20 años, gracias a las imágenes obtenidas. Posteriormente, se identificó al menor involucrado en el ataque, quien en ese momento tenía 16 años, tras rastrear sus redes sociales donde aparecía con la motocicleta utilizada en el atraco. Esta utilización de tecnología moderna para la identificación de sospechosos se ha vuelto cada vez más común en las investigaciones policiales.
El 17 de septiembre, la justicia emitió las órdenes de detención correspondientes y se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de los sospechosos. Esto resultó en la captura de Leguizamón y la incautación de objetos de interés para la causa, incluyendo licencias de conducir a nombre de la víctima. Sin embargo, el menor logró evadir la captura y, en mayo de 2026, se confirmó su fuga del centro de detención, llevando a las autoridades a activar un operativo de búsqueda.
Finalmente, el joven R. B. M. fue localizado y, al intentar escapar, fue rápidamente reducido por los agentes. Las investigaciones continúan, y se está indagando sobre la posible implicación de los detenidos en otros delitos violentos ocurridos en la misma época, lo que ha generado un clima de alarma en la comunidad. Este caso pone de manifiesto la complejidad del fenómeno delictivo juvenil y las dificultades que enfrenta la justicia para abordar la delincuencia en un contexto donde muchos jóvenes se ven atrapados en redes delictivas.
La situación plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas de prevención del delito y el tratamiento de los menores en conflicto con la ley. La colaboración entre las fuerzas de seguridad y la comunidad se vuelve fundamental para revertir esta tendencia y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Es esencial que se implementen estrategias integrales que aborden no solo la represión del delito, sino también las causas que llevan a los jóvenes a involucrarse en actividades delictivas.
