En un operativo conjunto, la Policía de la Ciudad llevó a cabo un allanamiento en Avellaneda, donde se logró la incautación de 831 pares de zapatillas falsificadas, que se estiman en un valor de 35 millones de pesos. Este importante procedimiento fue coordinado con la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), y se enmarca en una investigación más amplia sobre el tráfico ilegal de productos de marcas reconocidas, que abarca tanto la logística como las operaciones digitales del comercio involucrado.
La investigación inicial se desarrolló a partir de un exhaustivo ciberpatrullaje, que permitió a las autoridades no solo identificar la actividad comercial de la empresa en cuestión, sino también localizar el establecimiento físico y uno de los domicilios de los presuntos responsables. Este enfoque multidimensional ha sido fundamental para desarticular una red que operaba de manera clandestina, aprovechándose de las lagunas legales y la falta de control en las fronteras.
Uno de los aspectos más preocupantes del operativo fue el descubrimiento del método utilizado para introducir la mercadería al país. Las zapatillas eran transportadas a través de una empresa de micros de larga distancia, lo que plantea serias interrogantes sobre la eficacia de los controles fronterizos y la capacidad de las autoridades para detectar actividades ilícitas. Este punto es crucial, ya que revela la complejidad de la logística del contrabando y su conexión con el transporte de pasajeros, un sector que debería estar bajo vigilancia constante.
Durante la intervención en el local, además de las zapatillas, los agentes de la Policía de la Ciudad se incautaron de dos dispositivos posnet, una computadora portátil y documentación relevante para la investigación. Este material no solo ayudará a esclarecer la operación comercial del grupo, sino que también apunta a la falta de respaldo legal de los productos, lo que constituye una violación directa de la Ley de Marcas vigente en el país. La ley establece claramente que solo aquellos productos que cuenten con un registro oficial pueden ser comercializados bajo ciertas marcas.
El allanamiento en la vivienda del principal sospechoso fue otro hito en la investigación. En este lugar se logró la incautación de un teléfono móvil y una libreta con anotaciones que podrían estar relacionadas con las operaciones comerciales de la organización. Estos elementos serán sometidos a peritajes exhaustivos para determinar la magnitud de la red de distribución y la posible conexión con otros actores involucrados en el contrabando.
La intervención judicial estuvo bajo la supervisión del juez Alejandro Catanea y el secretario Diego Martin Fera Gómez, quienes autorizaron la ejecución de las operaciones simultáneas en el ámbito bonaerense. Esta colaboración entre la Policía de la Ciudad, la Aduana y las unidades de investigación técnica es un ejemplo de cómo las instituciones pueden trabajar en conjunto para combatir el delito económico. Además, el requerimiento de documentación a la empresa de micros de larga distancia puede abrir nuevas vías para rastrear el circuito internacional del contrabando, lo que podría revelar más detalles sobre la red y sus operadores.
La Ley Nº 22.362, que regula la protección y el registro de marcas en Argentina, es fundamental en la lucha contra la falsificación. Esta normativa establece que el derecho sobre una marca solo se obtiene mediante su registro ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI). De esta manera, se busca garantizar que los productos y servicios puedan ser identificados de manera única en el mercado, protegiendo así a los consumidores y a las empresas legítimas de la competencia desleal.
En conclusión, este operativo no solo representa un avance significativo en la lucha contra la falsificación, sino que también pone de relieve la necesidad de fortalecer los controles en las fronteras y mejorar la colaboración entre distintas entidades para desarticular redes de contrabando que afectan la economía nacional. La protección de las marcas es un aspecto crucial no solo para los consumidores, sino también para el desarrollo de una economía más justa y transparente en el país.
