En un operativo coordinado por la Policía Federal, se logró desarticular una red de clínicas ilegales que operaba en el partido de La Matanza, donde seis individuos fueron arrestados. Las investigaciones revelaron que estos centros de atención contaban con una farmacia propia y una flota de ambulancias, pero operaban sin la debida habilitación sanitaria. Esta situación genera preocupación no solo por la ilegalidad de sus actividades, sino también por los riesgos que implicaba para la salud de los pacientes que acudían a estos lugares.
La investigación se inició a principios de enero, a raíz de la citación de la doctora R.N., una cirujana plástica con consultorio en Palermo, como testigo en un juicio relacionado con un accidente de tránsito en La Matanza. La citación, realizada por una compañía de seguros, tenía como fin esclarecer una intervención quirúrgica practicada a la víctima del siniestro. Sin embargo, la profesional, que nunca había trabajado en esa jurisdicción, se percató de que su identidad y título habían sido usurpados, lo que la llevó a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.
El caso fue asignado al fiscal Fernando Garate de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 1 de Laferrere, quien se dedicó a investigar la procedencia de un certificado médico emitido por un centro de salud ubicado en González Catán. Las pesquisas revelaron que dicho documento provenía de Argentina Salud, una red de clínicas que surgió tras la pandemia en 2022, con locales en Virrey del Pino, González Catán y San Justo, todos en La Matanza. Este hallazgo subrayó la magnitud de la operación ilegal que se había establecido en la región.
Un testimonio clave proveniente de un ex empleado de la clínica de Virrey del Pino proporcionó información crucial sobre las prácticas fraudulentas de la red. Según su declaración, los involucrados obtenían sellos de médicos de manera ilícita a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), una plataforma de acceso público. Este tipo de maniobras permitía que pacientes fueran atendidos en su mayoría por estudiantes o enfermeros, mientras que los diagnósticos y recetas eran firmados con sellos falsificados de médicos que no estaban vinculados a la atención brindada.
La investigación también puso de manifiesto que los certificados médicos manipulados incluían las firmas de más de 50 profesionales, algunos de los cuales estaban asociados a documentos utilizados en comisarías para el ingreso de personas detenidas. Esto demuestra la complejidad de la red y la gravísima violación de la ley que se estaba llevando a cabo, poniendo en riesgo la salud de numerosas personas que confiaban en estos servicios médicos.
Durante los allanamientos realizados por las fuerzas de seguridad, se encontraron múltiples elementos que corroboraban la operatoria ilegal. Se incautó un listado con nombres de médicos que los falsos profesionales utilizaban para prescribir medicamentos, así como una cantidad significativa de documentación que respaldaba su accionar. Además, se hallaron dos armas de fuego calibre 9 milímetros, lo que añade un componente de violencia a esta situación alarmante.
Uno de los descubrimientos más preocupantes ocurrió en la clínica de San Justo, donde se identificó a un ciudadano cubano que se hacía pasar por médico, careciendo de matrícula y documentación que lo habilitara para ejercer. Asimismo, las autoridades encontraron una farmacia que operaba sin la debida habilitación y que no cumplía con las normativas sanitarias vigentes. Para colmo, se constató la quema de medicamentos y residuos patológicos en el fondo del establecimiento, lo que pone en evidencia el desprecio absoluto por la salud pública y la seguridad de la comunidad.
