Una reciente investigación llevada a cabo por la Unidad Fiscal de Ciberdelitos Zona Norte, bajo la dirección del fiscal Patricio Ferrari, ha puesto al descubierto una compleja red de estafas operada desde la Unidad Penal N°35 de Magdalena. Esta banda, conocida como el "call center carcelario", estaba compuesta por internos que se dedicaban a estafar a jueces de la Cámara Penal de Apelaciones de San Isidro utilizando técnicas de engaño sofisticadas. El operativo culminó con la detención de tres reclusos involucrados en estas maniobras fraudulentas, que han generado gran preocupación entre las autoridades judiciales.
Las tácticas empleadas por los estafadores eran ingeniosas y se centraban en la manipulación psicológica de las víctimas. Una de las frases más recurrentes que utilizaban para persuadir a sus objetivos era: "Páseme el código, quédese tranquilo". Este tipo de frases estaban diseñadas para generar confianza en los jueces, quienes se veían atrapados en una trampa cuidadosamente elaborada. Mientras algunos magistrados lograron reconocer el intento de estafa, otros no tuvieron la misma suerte y terminaron cayendo en la trampa tendida por los delincuentes.
La investigación se inició el 19 de febrero, tras la denuncia de un juez que recibió un llamado telefónico de un supuesto empleado de la empresa de encomiendas Andreani. En la conversación, el estafador solicitó un código de seis dígitos que supuestamente sería necesario para la entrega de un paquete. Al proporcionar esta información, el juez perdió el acceso a su cuenta de WhatsApp, lo que permitió a los delincuentes contactar a sus allegados y tratar de extorsionarlos con el mismo método para obtener transferencias de dinero.
El modus operandi de la banda no tardó en repetirse. El 26 de febrero, un segundo juez fue abordado por el mismo número que había estafado al primero, intentando aplicar la misma técnica. Durante la conversación, el estafador ofreció un número de remito y prometió enviarlo por WhatsApp. Sin embargo, este juez pudo eludir el engaño gracias a la advertencia de un colega que ya había sido víctima de la misma estafa, lo que pone de manifiesto la importancia de la comunicación entre los magistrados para prevenir fraudes.
Los investigadores, al analizar las pruebas recolectadas, identificaron tres métodos principales utilizados por la banda para llevar a cabo sus estafas. En todos los casos, el objetivo era obtener códigos de acceso y contraseñas para apoderarse de las cuentas de sus víctimas y, posteriormente, solicitar dinero a sus contactos. Esta dinámica se repitió en varias ocasiones, evidenciando la necesidad de mayor vigilancia en el ámbito digital y la protección de información sensible.
El expediente de la causa incluye una variedad de pruebas que respaldan las acusaciones contra los imputados. Estos elementos abarcan desde informes de operadoras telefónicas y testimonios, hasta grabaciones de audio que documentan las interacciones entre los estafadores y sus víctimas. Esta evidencia no solo es crucial para el caso, sino que también resalta el ingenio y la audacia de una banda que operaba desde detrás de las rejas, poniendo en jaque a la justicia. La situación plantea interrogantes sobre la seguridad de los sistemas de comunicación y la vulnerabilidad de los individuos ante este tipo de fraudes, que parecen ser cada vez más frecuentes en el entorno digital actual.
