En un operativo que ha conmocionado a la región, la Fiscalía de Arica logró desbaratar una organización dedicada al tráfico de ketamina, condenando a 18 de sus miembros a un total de más de 118 años de prisión. Este grupo delictivo, que operaba principalmente desde Perú, estaba liderado por un hombre conocido como el “Obispo” y se caracterizaba por la participación mayoritaria de mujeres, quienes desempeñaban roles clave en la logística del narcotráfico. La particularidad de esta banda radicaba en su devoción a la “Santa Muerte”, una figura de culto popular cuya adoración es común entre ciertos sectores delictivos y que, según sus fieles, ofrece protección ante la adversidad.

La investigación reveló que la organización había comenzado a operar a mediados de 2024, bajo la dirección de un ecuatoriano de 58 años, identificado como José Luis Herrera. Este individuo utilizaba un enfoque manipulador, convenciendo a sus seguidoras de que su actividad ilícita contaba con el respaldo de la “Santa Muerte”, lo que les proporcionaba una justificación moral para sus acciones criminales. La forma en que Herrera reclutaba a las denominadas “burreras” —mujeres encargadas de transportar la droga— fue particularmente insidiosa, ya que las convencía de llevar la ketamina adherida a su cuerpo mediante fajas, cruzando el paso fronterizo de Chacalluta hacia Arica.

El uso del simbolismo religioso en el narcotráfico no es un fenómeno nuevo, pero en este caso resulta especialmente revelador. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, destacó que la manipulación religiosa ejercida por Herrera lograba “trastocar los valores de la persona”, brindando a las mujeres una suerte de amparo espiritual en un mundo donde la ilegalidad y el peligro son constantes. Las ganancias por viaje eran significativas, con remuneraciones que oscilaban entre un millón y dos millones de pesos chilenos, lo que equivale a aproximadamente entre 1,120 y 2,250 dólares estadounidenses.

El proceso judicial culminó con la sentencia del “Obispo” a 20 años de prisión, mientras que 13 mujeres ecuatorianas, dos venezolanas, una peruana y una chilena recibieron condenas que varían entre 3 y 8 años y un día. Este caso es significativo no solo por el número de sentencias, sino también porque se enmarca dentro de una serie de acciones del Ministerio Público contra organizaciones extranjeras involucradas en el crimen organizado. Anteriormente, la Fiscalía de Arica ya había logrado condenar a grupos como Los Gallegos del Tren de Aragua, el Tren del Coro y Los Costeños, lo que demuestra un enfoque decidido en la lucha contra el narcotráfico en la región.

La captura de la mayor parte de las “burreras” se produjo en el complejo fronterizo de Chacalluta, donde las autoridades estaban alertas a las maniobras de tráfico de sustancias ilícitas. Otras detenciones se llevaron a cabo en controles carreteros en Cuya, donde los implicados viajaban en autobuses con destino a Santiago. Este despliegue de fuerzas de seguridad evidencia la creciente preocupación por el tráfico de drogas en las fronteras chilenas y el compromiso de las autoridades de combatir estas prácticas delictivas.

El hallazgo más impactante se produjo en diciembre de 2025, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento en Arica, descubriendo 18 kilos de ketamina almacenados en una vivienda donde se ocultaba el “Obispo”. Este operativo no solo puso fin a una red de tráfico, sino que también evidencia la complejidad y el alcance de las operaciones de narcotráfico en la región, donde las conexiones internacionales juegan un papel crucial. El caso es un recordatorio de los desafíos que enfrenta Chile en su lucha contra el crimen organizado y la necesidad de una colaboración efectiva entre las distintas fuerzas de seguridad regionales.

La historia de este grupo delictivo subraya la importancia de abordar las raíces del narcotráfico y los factores sociales y económicos que llevan a individuos a involucrarse en actividades ilícitas. La devoción a la “Santa Muerte” y la manipulación psicológica son solo ejemplos de cómo las organizaciones criminales pueden influir en sus miembros, ofreciendo un sentido de pertenencia y propósito en un entorno muy hostil. La lucha contra el narcotráfico requiere no solo de medidas punitivas, sino también de estrategias que aborden estos aspectos más profundos de la problemática.

En conclusión, el desmantelamiento de esta banda no solo representa un triunfo para las autoridades chilenas, sino que también resalta la necesidad de una estrategia integral que considere todos los aspectos del fenómeno del narcotráfico. La complejidad del problema exige un enfoque multidimensional que no solo ataque la oferta, sino que también considere la demanda y las condiciones sociales que perpetúan estas actividades ilícitas.