Las desapariciones de Luciana Barrios Alarcón y Agostina Vega, dos adolescentes en Córdoba, han puesto de manifiesto la controversia en torno al uso del Alerta Sofía, un sistema destinado a la búsqueda de menores. A pesar de que ambos casos se desarrollaron en la misma provincia y con el mismo protocolo, los resultados fueron drásticamente opuestos. Mientras que Luciana fue hallada con vida tras una activa movilización policial, Agostina fue encontrada sin vida días después de su desaparición. Este contraste ha suscitado un debate sobre la efectividad del sistema y las decisiones que llevan a su activación.
Luciana, de tan solo 15 años, desapareció el 9 de junio en Colonia Caroya. Su familia denunció su ausencia a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María tres horas después de su desaparición. El fiscal actuó rápidamente, solicitando la activación del Alerta Sofía esa misma noche. Gracias a una respuesta ágil que incluyó la movilización de 100 efectivos y un helicóptero, Luciana fue localizada sana y salva al día siguiente, a solo seis kilómetros de donde había sido vista por última vez.
Por otro lado, Agostina, de 14 años, desapareció el 23 de mayo, también en Córdoba. Sin embargo, en este caso, la activación del Alerta Sofía se demoró tres días, lo que generó una serie de interrogantes y críticas por parte de su familia y la comunidad. Finalmente, el 30 de mayo, se encontraron sus restos en un terreno baldío. La investigación avanzó hacia la calificación de femicidio, lo que profundiza aún más la angustia de su familia y la sociedad en general.
El Protocolo del Alerta Sofía, establecido en la Resolución MS 208/2019, determina que la activación debe ser solicitada por el fiscal o juez a cargo del caso, y no es un mero trámite administrativo. Este sistema exige que quien esté al frente de la investigación evalúe si hay un riesgo inminente para la vida del menor y actúe en consecuencia. La responsabilidad recae, por lo tanto, en los funcionarios encargados de tomar estas decisiones, y las diferencias en la respuesta a ambos casos evidencian la importancia de esa evaluación.
El caso de Luciana ilustra cómo una acción rápida puede tener un impacto positivo en la resolución de una desaparición. Por el contrario, el caso de Agostina deja en evidencia la necesidad de una revisión crítica de los procedimientos. La familia de Agostina ha expresado su frustración ante la tardanza en la activación del Alerta Sofía, planteando preguntas sobre la falta de una respuesta efectiva en situaciones de riesgo. Esta situación ha dejado a muchos cuestionando qué pudo haberse hecho de manera diferente.
Si bien algunos argumentan que cada caso tiene sus particularidades y que los primeros días de una desaparición pueden ser inciertos, es crucial recordar que la ley no exige certezas absolutas, sino indicios que ameriten una acción. La falta de acción inmediata puede resultar en la pérdida de valiosa evidencia, como testimonios y grabaciones que se desvanecen con el tiempo. En un contexto donde cada minuto cuenta para encontrar a una persona con vida, la rapidez de la respuesta es fundamental.
Los recientes acontecimientos en Córdoba no solo resaltan la importancia del Alerta Sofía, sino que también plantean interrogantes sobre cómo se toman las decisiones en situaciones de desaparición. Las historias de Luciana y Agostina deben servir como un llamado a la reflexión y a la mejora de los protocolos de actuación ante este tipo de tragedias. La sociedad espera que se tomen medidas concretas para garantizar que todos los casos sean tratados con la urgencia que merecen, para evitar que más familias sufran la pérdida de sus seres queridos de manera tan trágica.
