Una alarmante serie de denuncias por abusos sexuales y maltratos físicos ha salido a la luz en el centro de tratamiento de adicciones conocido como Regreso al Padre, situado en la localidad de Sáenz Peña, Chaco. Esta situación ha llevado a la detención de tres hombres que estaban al frente de la administración del establecimiento. Las acusaciones han sido formuladas por actuales y ex pacientes que relatan un patrón de violencia y abuso durante su internación.
La investigación está siendo dirigida por la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, bajo la supervisión del fiscal Gustavo Valero, quien ordenó la detención de los imputados en la jornada del viernes. La situación se desató tras los testimonios de varios adultos que afirmaron haber sufrido no solo abusos sexuales, sino también maltratos verbales, castigos severos y restricciones en su comunicación. Además, se mencionan condiciones de vida insalubres, que incluyen una alimentación inadecuada y un alojamiento deficiente.
El proceso judicial comenzó a tomar forma el 18 de mayo, cuando un grupo de ex internos se presentó ante las autoridades policiales para relatar su experiencia en la institución, que opera en el barrio Puerta del Sol. Muchos de estos jóvenes habían llegado al lugar desde la provincia de Santa Fe, atraídos por promesas de tratamiento que, según afirman, resultaron ser engañosas. Esta revelación ha encendido las alarmas sobre la seguridad y la ética de los centros de rehabilitación en la región.
Con base en esta información, la División de Investigaciones Complejas de Sáenz Peña llevó a cabo un allanamiento en el centro, donde se confirmó la detención de los tres acusados. El fiscal Valero ha calificado el caso como "supuesto abuso sexual y lesiones", iniciando las diligencias para interrogar a los imputados. Sin embargo, hasta el momento, los acusados no han presentado su versión de los hechos, lo que deja muchas interrogantes por resolver.
Durante el sábado, la Fiscalía llevó a cabo un segundo allanamiento que se extendió por más de cinco horas, en el cual se recolectó un gran volumen de documentación que podría ser crucial para el desarrollo de la causa. Además, se tomaron declaraciones de otros miembros de la comunidad, lo que podría ampliar el alcance de la investigación. Los testimonios han sido contundentes: al menos dos internos habrían sido víctimas de abusos sexuales, mientras que otros han reportado agresiones físicas y psicológicas.
A medida que avanza la investigación, queda claro que el ambiente en el centro estaba marcado por la violencia, el abuso de autoridad y el aislamiento de los internos. Los relatos indican que los residentes eran sometidos a insultos, castigos desproporcionados y condiciones de vida inaceptables. La fiscalía ha tomado nota de la gravedad de las denuncias y está trabajando para asegurar que se haga justicia.
La situación es preocupante, no solo por los hechos denunciados, sino por la luz que arroja sobre las condiciones de los centros de rehabilitación en el país. Las autoridades han anunciado que el próximo martes los detenidos serán trasladados a la Fiscalía para la designación de un abogado defensor y recibirán una notificación formal de imputación. La comunidad espera que este caso sirva de alerta y que se implementen medidas más estrictas para garantizar la seguridad y el bienestar de aquellas personas que buscan ayuda en estos establecimientos.
