La causa de enriquecimiento ilícito que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha tomado un giro inesperado tras las declaraciones de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que le prestaron dinero. Durante su comparecencia ante el fiscal Gerardo Pollicita, Feijoo reveló que Adorni le debe otros 65.000 dólares que no fueron registrados oficialmente. Este testimonio se da en un contexto donde la transparencia en las operaciones inmobiliarias es un tema candente, y las versiones de los hechos están siendo escrutadas con gran atención.
Feijoo, quien también es el gestor de la compraventa del departamento en Caballito, se presentó a declarar en la sede de Comodoro Py. Su testimonio fue resguardado bajo un fuerte operativo de seguridad, lo que subraya la importancia del caso. Durante tres horas, el testigo explicó cómo se desarrollaron las refacciones en la propiedad ubicada en la calle Miró al 500, las cuales habían sido acordadas con Adorni antes de que este adquiriera el inmueble.
El monto que Feijoo reclamó corresponde a los gastos de remodelación que él asumió, y que, según él, habían sido pactados con el jefe de Gabinete para ser recuperados “por fuera” una vez que Adorni vendiera su departamento en Parque Chacabuco. Este tipo de acuerdos no documentados añaden un nivel de complejidad a la investigación, ya que podrían implicar irregularidades en la gestión de fondos y en la declaración patrimonial de Adorni.
Para contextualizar la operación inmobiliaria, es fundamental recordar que el exfutbolista Hugo Morales fue el propietario original de la propiedad, la cual fue vendida en mayo de 2025 a las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas por un total de 200.000 dólares. Pablo Feijoo, actuando en representación de su madre, fue quien impulsó la compra y se encargó de las negociaciones. La relación entre Adorni y Feijoo se originó en el ámbito escolar, ya que ambos compartían grupo de padres, lo que generó un vínculo de confianza entre ellos, que podría haber influido en las decisiones comerciales.
Según la cronología de los hechos, cuando Adorni decidió mudarse de Parque Chacabuco, se acercó a Feijoo para manifestar su interés en la propiedad de Miró. A pesar de que el precio inicial que se le pidió fue de 300.000 dólares, tras una serie de negociaciones, el acuerdo final se estableció en 230.000 dólares, con un adelanto de 30.000 y el resto financiado a un año y sin intereses. Esta modalidad de pago, en sí misma, plantea interrogantes acerca de la naturaleza de la transacción y de las posibles irregularidades que podrían derivarse de ella.
Las remodelaciones en el departamento habían avanzado considerablemente antes de que Feijoo declarara. Él aseguró que, debido a su experiencia en el sector, pudo conseguir materiales y mano de obra a precios competitivos. Su intención inicial era vender la propiedad a un precio significativamente mayor, lo que refuerza la sospecha sobre las verdaderas motivaciones detrás de la transacción con Adorni. La diferencia entre el precio de compra y el valor de venta proyectado abre la puerta a preguntas sobre si hubo alguna intención de ocultar ganancias o de realizar una maniobra financiera.
El caso de Manuel Adorni se inscribe en un marco más amplio de investigaciones sobre la transparencia en las funciones públicas y la correcta administración de los bienes. La declaración de Feijoo no solo pone en tela de juicio la conducta del jefe de Gabinete, sino que también genera un debate sobre las prácticas en el sector inmobiliario y las posibles complicidades que pueden existir entre figuras públicas y empresarios. A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles que arrojen luz sobre este complejo entramado.
