La causa judicial que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está a punto de entrar en una fase crucial. Este lunes, se llevará a cabo la declaración de cuatro mujeres que han sido identificadas como acreedoras del funcionario, lo que podría arrojar luz sobre las operaciones inmobiliarias que se encuentran bajo análisis. La investigación, liderada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, se centra en posibles delitos de enriquecimiento ilícito, lo que ha generado un gran interés público y mediático.

Las testigos, citadas para declarar a las 9 y 11 de la mañana, son Graciela Isabel Molina y su hija Victoria María José Cancio. Ambas se han presentado como prestamistas que otorgaron un préstamo de 100.000 dólares a Adorni, respaldado por una hipoteca sobre su primer departamento ubicado en la calle Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco. Esta transacción ha suscitado preguntas sobre los orígenes de los fondos y la capacidad económica de las prestamistas, lo que ha llevado al juez federal Ariel Lijo a levantar el secreto fiscal que las protegía.

El miércoles será el turno de Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes fueron las vendedoras del segundo departamento de Adorni, ubicado en Caballito. A diferencia del primer inmueble, el funcionario no se desprendió de su primera propiedad al adquirir esta nueva. La operación incluyó un pago inicial de 30.000 dólares y un saldo pendiente de 200.000 dólares, que se deberá abonar en noviembre sin intereses. El levantamiento del secreto fiscal también se aplica a estas vendedoras, lo que permite un mayor escrutinio sobre su situación financiera.

El fiscal Pollicita ha solicitado información exhaustiva sobre las cuatro testigos, incluyendo detalles de su situación patrimonial, ingresos declarados y cualquier documentación que pueda validar la existencia de los préstamos y las garantías hipotecarias. Este análisis es fundamental para determinar si las testigos poseen la capacidad económica necesaria para justificar los préstamos otorgados al jefe de Gabinete. Las autoridades buscan esclarecer si las transacciones realizadas están en línea con las normativas fiscales y si hay irregularidades en el proceso.

Además, se ha requerido a las vendedoras que se presenten en los tribunales con acceso a sus teléfonos celulares, donde deberán facilitar información relacionada con las operaciones en cuestión. Esto incluye mensajes, correos electrónicos, audios e incluso registros de llamadas que puedan ser relevantes para la investigación. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para obtener evidencia concreta que respalde las afirmaciones de los testigos.

Se ha establecido que Adorni obtuvo el préstamo de 100.000 dólares, de los cuales el 85% fue aportado por la comisario retirada Graciela Molina y el 15% por su hija Victoria Cancio, quien también forma parte de la Policía Federal. La escritura de hipoteca del departamento de Parque Chacabuco indica que la devolución del monto prestado se acordó en un plazo de dos años a una tasa de interés del 11% anual, lo que agrega otra capa de complejidad a esta investigación. La hipoteca, formalizada en noviembre de 2024, se encuentra respaldada por la propiedad que Adorni comparte con su esposa, Bettina Angeletti, y se alega que los fondos se utilizaron para adquirir una casa en un club privado en Exaltación de la Cruz en la misma fecha.

A medida que avanza la investigación, se plantean serias interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de las transacciones realizadas por el jefe de Gabinete. La declaración de estas testigos no solo es un paso crucial en el esclarecimiento del caso, sino que también podría tener repercusiones políticas en un contexto donde la confianza pública en las instituciones está siendo cada vez más cuestionada. La atención está centrada en cómo se desarrollarán los próximos días y qué implicaciones tendrá esta causa en la figura de Adorni y su rol en el gobierno.