La controversia judicial en torno a los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos ha entrado en una fase crucial. La Cámara Federal de Casación Penal se prepara para resolver los recursos interpuestos contra una primera orden que ordena el decomiso de 111 propiedades, que incluyen 19 inmuebles en Santa Cruz a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, así como los bienes de Lázaro Báez, condenado en la misma causa.
A su vez, el tribunal que llevó a cabo el juicio en la causa Vialidad ha impuesto nuevas medidas de prueba antes de pronunciarse sobre una solicitud adicional de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que busca sumar más bienes y contempla la incautación de casi cinco millones de dólares. Este caso se encuentra en la fase de ejecución de la sentencia que resultó en la condena de la ex mandataria y otros implicados por irregularidades en la adjudicación del 80% de la obra pública vial nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a empresas vinculadas a Báez.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 había ordenado un decomiso millonario, cuyo monto actualizado supera los $684.990.350.139,86. La defensa de Cristina Kirchner ha cuestionado fuertemente la resolución, argumentando que avanzar sobre estas propiedades sería arbitrario y violaría principios constitucionales. Además, sostiene que no hay sentencia firme que justifique el decomiso de bienes que pertenecen legítimamente a sus hijos, lo que podría transformar el decomiso en un mecanismo de confiscación prohibido por la Constitución.
