La situación en Haití ha alcanzado niveles alarmantes de violencia, con un informe reciente de las Naciones Unidas que revela que más de 1.600 personas han perdido la vida entre enero y marzo de 2026. Este desgarrador balance refleja el impacto de la violencia sistemática en el país, gran parte de la cual se atribuye a las acciones de las fuerzas de seguridad en sus intentos de combatir las bandas criminales que han dominado diversas regiones durante años. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) ha documentado al menos 1.642 asesinatos y 745 heridos, a pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad en algunas áreas de Puerto Príncipe, la capital.

El informe destaca que, si bien se han observado algunos avances en la seguridad en determinadas zonas del centro de Puerto Príncipe, la violencia ha proliferado en otras regiones, particularmente en los departamentos de Centro y Artibonite. Carlos Ruiz Massieu, quien lidera la BINUH, señaló que en Artibonite se han registrado ataques coordinados de grupos criminales en 16 localidades, que han dejado como saldo al menos 83 muertos y 38 heridos. Este aumento de la violencia sugiere un deterioro de la situación de seguridad en el país, que ya enfrenta múltiples desafíos sociales y económicos.

Un análisis de las cifras proporcionadas por la ONU indica que las pandillas son responsables del 27% de las muertes, una cifra que contrasta drásticamente con el 69% de los fallecimientos que se atribuyen a las fuerzas de seguridad. Este último porcentaje incluye a numerosos civiles, entre ellos niños, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad y la metodología de las operaciones de seguridad. Las fuerzas de autodefensa, por su parte, se adjudican el 4% de las víctimas, lo que resalta la complejidad del conflicto y la falta de un enfoque unificado para abordar la crisis.

La ONU también ha puesto de relieve la dimensión de la violencia sexual en Haití, con informes que indican que más de 292 víctimas, principalmente mujeres y adolescentes de entre 12 y 17 años, han sido afectadas por actos de esta naturaleza. Este fenómeno se inscribe en una estrategia de terror y control social implementada por las bandas, que buscan consolidar su poder a través del miedo y la violencia sistemática. La situación de las mujeres y niñas en Haití es particularmente precaria y requiere atención urgente por parte de la comunidad internacional.

Por otro lado, el uso de tecnología en las operaciones de seguridad ha sido objeto de críticas. En marzo, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció que el uso de drones por parte de las fuerzas de seguridad haitianas ha resultado en la muerte de 1.243 personas, incluidas 17 menores, en el periodo de marzo de 2025 a enero de 2026. La ONG identificó a Vectus Global, una empresa privada que colabora con el gobierno haitiano, como una de las entidades involucradas en estas operaciones, lo que plantea serias preocupaciones sobre las implicaciones éticas y legales del uso de tecnología militar en situaciones civiles.

Adicionalmente, la BINUH ha recibido denuncias persistentes sobre ejecuciones sumarias en las que estarían implicados agentes de la Policía. Según los informes, estos incidentes han provocado la muerte de al menos 33 personas, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de una reforma profunda en las instituciones de seguridad del país. La comunidad internacional deberá prestar atención a la situación en Haití y considerar medidas que puedan ayudar a mitigar la crisis humanitaria y restaurar la paz y el orden en el país.