En Ecuador, la situación en los centros de detención de menores se ha vuelto crítica, con un alarmante aumento del hacinamiento que ha llegado al 64,8% en el último año. Este fenómeno se produce en un contexto donde el reclutamiento de adolescentes por grupos delictivos está en auge, lo que ha llevado a la sociedad a cuestionar las políticas de seguridad y protección juvenil del país. Recientemente, la detención de dos jóvenes de 15 y 16 años por el asesinato de un presunto líder criminal ha puesto de manifiesto la gravedad del problema y la urgencia de abordar la situación.

Francisco Cevallos, investigador del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud, ha destacado que esta tendencia responde al creciente uso de menores por parte del crimen organizado. Según sus análisis, el primer trimestre de este año mostró un aumento del 35% en las detenciones de adolescentes en comparación con el mismo periodo de 2025. Alarmantemente, uno de cada cuatro de estos jóvenes estaba armado, ya sea con un arma de fuego o un arma blanca, lo que representa una cifra 2,6 veces mayor que la de los adultos mayores de 18 años, donde solo uno de cada diez tiene un arma.

Cevallos enfatiza que la capacidad de un adolescente para acceder a un arma es generalmente facilitada por un adulto, lo que subraya la manipulación que estos jóvenes sufren por parte de organizaciones criminales. Este fenómeno no solo afecta la seguridad pública, sino que también plantea serias preocupaciones sobre el bienestar y la protección de los menores en un sistema que parece estar fallando en su propósito de rehabilitación y reinserción social. La situación es especialmente grave en centros como el de Esmeraldas y Guayaquil, donde la saturación ha superado en gran medida la capacidad instalada.

El centro de detención de Esmeraldas, por ejemplo, tiene espacio para 35 adolescentes, pero actualmente alberga a 126. Por su parte, el centro de Guayaquil, que debería acoger a 150 jóvenes, tiene a 209, lo que refleja un claro desbordamiento del sistema. Este hacinamiento no solo afecta las condiciones de vida de los internos, sino que también dificulta el trabajo de los operadores del sistema de justicia juvenil, quienes se ven limitados en su capacidad para brindar apoyo y atención adecuada a cada caso.

La reciente detención de los jóvenes acusados de asesinato, quienes dispararon contra Carlos Suástegui, un supuesto líder de la facción criminal Los Águilas, es un claro ejemplo de la situación de violencia extrema que enfrentan los jóvenes en el país. Este hecho, que ocurrió en el aeropuerto de Guayaquil, es parte de una oleada de violencia ligada a disputas entre bandas criminales, lo que subraya la necesidad urgente de intervenciones efectivas para abordar la inseguridad y la violencia juvenil.

Hasta mayo de 2025, los diez centros de adolescentes infractores en Ecuador contaban con una capacidad total de 510 plazas, de las cuales 473 estaban ocupadas. Sin embargo, en junio de ese mismo año, esta cifra se elevó a 490, con un hacinamiento del 3,16%. En noviembre, la situación se volvió aún más crítica con 620 internos, y en mayo de este año, esa cifra alcanzó los 700, mientras que la capacidad instalada se redujo a 425. Actualmente, 253 adolescentes están en internación preventiva y 447 cumplen una condena, lo que refleja una problemática que no solo es un desafío para el sistema judicial, sino también una crisis humanitaria que requiere atención inmediata.

Cevallos concluye que el reclutamiento de adolescentes por parte de organizaciones criminales está motivado por diversas razones, como la búsqueda de recompensas, la amistad, la familia, la venganza, el acceso a drogas o incluso las amenazas. Este fenómeno se ve exacerbado por la falta de presencia estatal en áreas dominadas por estas bandas, así como por la influencia de una "narcocultura" que permea en las comunidades más vulnerables. En este contexto, es fundamental que el Gobierno implemente estrategias efectivas para restablecer el orden y proteger a la juventud, antes de que la situación se convierta en una crisis irreversible.