En una medida que ha generado controversia, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció la propuesta de un proyecto de ley que busca establecer la grabación de audio y video de las visitas a los reclusos en el penal de máxima seguridad del país. Durante una conferencia de prensa, Fernández, quien asumió el cargo el 8 de mayo, justificó la iniciativa argumentando que es fundamental para desarticular las comunicaciones entre los prisioneros y las organizaciones criminales que operan en el exterior. Esta medida se enmarca en su promesa electoral de adoptar una postura firme contra la criminalidad, especialmente en un contexto donde el narcotráfico ha cobrado protagonismo en la agenda nacional.
La presidenta hizo hincapié en que los delincuentes de alta peligrosidad no solo permanecen activos desde dentro de las cárceles, sino que logran transmitir órdenes a sus organizaciones delictivas a través de mensajes ocultos en alimentos o mediante la complicidad de visitantes, incluyendo abogados. “No podemos permitir que estos criminales operen desde la cárcel, necesitamos cortar sus lazos con el mundo exterior”, señaló Fernández, reforzando la idea de que la grabación de estas visitas es una medida de sentido común en la lucha contra el crimen organizado.
La mandataria también expuso que el Ministerio de Seguridad tiene un mapeo detallado de las estructuras criminales en el país, destacando que hay aproximadamente 260 grupos delictivos identificados, que incluyen a unos 4.300 individuos. “No son muchos, pero son suficientes para generar un clima de inseguridad en todo el territorio nacional”, afirmó. Con un enfoque en la seguridad pública, Fernández instó a las autoridades judiciales a acelerar las investigaciones y acciones contra estas bandas, que, según ella, están afectando la paz de la sociedad costarricense.
En este contexto, la construcción de una nueva prisión, conocida como el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), se presenta como una respuesta tangible a la creciente ola de violencia. Con un avance de construcción del 36 %, esta mega cárcel tendrá capacidad para albergar a 5.100 reclusos y se estima que su edificación costará alrededor de 35 millones de dólares. La presidenta Fernández ha declarado que este modelo penitenciario se inspira en las políticas de seguridad implementadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien considera un referente en la lucha contra el crimen.
Costa Rica enfrenta una alarmante crisis de violencia, con cifras de homicidios que rondan los 900 anuales, y un 70 % de estos crímenes atribuidos al narcotráfico. En este sentido, la presidenta Fernández subrayó la necesidad de revertir las políticas garantistas que, según su criterio, han priorizado los derechos de los delincuentes en detrimento de las víctimas. “Estamos en una lucha constante contra corrientes que olvidan a quienes realmente sufren”, expresó, reafirmando su compromiso de transformar el enfoque hacia la seguridad en el país.
Por último, la presidenta también anunció la implementación de pruebas de polígrafo para los jefes policiales, en un intento por asegurar la transparencia y la efectividad de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el crimen. Esta serie de medidas busca no solo disminuir la criminalidad, sino también restaurar la confianza de la población en las instituciones encargadas de velar por su seguridad, en un momento crítico para la historia reciente de Costa Rica.
