La Justicia de Córdoba ha iniciado una investigación en torno a la muerte de un joven de 19 años, quien falleció tras permanecer varios días en estado crítico en un hospital local. Tomás Elías Orihuela fue encontrado ahorcado en una celda de la comisaría del barrio General Paz, generando una fuerte controversia en torno a las circunstancias de su detención y la actuación policial. Su familia ha denunciado lo que consideran un caso de abuso policial, lo que ha despertado una ola de indignación en la comunidad.
Orihuela murió el pasado lunes por la noche en el Hospital Provincial del Suroeste “Eva Perón”, donde había sido ingresado con un estado crítico. De acuerdo con los informes, el joven había sido hallado con un buzo en el cuello en la celda de la comisaría, lo que ha llevado a la familia a cuestionar la versión oficial de los hechos. La familia sostiene que el joven no mostró signos de depresión ni de problemas con sustancias, lo que contradice la hipótesis de un suicidio.
Los antecedentes del caso indican que Orihuela había sido detenido en dos ocasiones en días previos a su muerte. La primera detención se produjo el jueves, tras la cual fue liberado, y la segunda tuvo lugar el sábado, en el contexto de órdenes de captura que, según la familia, ya habían sido levantadas. “¿Por qué se iba a ahorcar si iba a recuperar la libertad a las pocas horas?”, se preguntó la hermana de Tomás, revelando así la preocupación de sus allegados por la versión oficial de la Policía.
La fiscal Silvana Fernández está al frente de la investigación, y en un esfuerzo por esclarecer los hechos, el Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad ha secuestrado cinco teléfonos celulares pertenecientes a los policías que estaban de guardia en el momento en que Orihuela fue encontrado. Este procedimiento es parte de un protocolo que busca asegurar la transparencia y la justicia en el caso, dado el contexto de desconfianza que ha surgido entre la comunidad y las fuerzas policiales.
El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, se comprometió a colaborar con la Justicia y a no ocultar información relevante. En declaraciones a los medios, Quinteros aseguró que se han registrado imágenes de cámaras de seguridad que podrían arrojar luz sobre lo sucedido y que estos materiales serán entregados al fiscal en breve. “No hay lugar para el ocultamiento ni para la mentira”, enfatizó el ministro, subrayando la importancia de una investigación exhaustiva.
La muerte de Orihuela ha desencadenado protestas y enfrentamientos entre la Policía y los amigos y familiares del joven. Las manifestaciones, que han tenido lugar en varias ocasiones, fueron particularmente intensas el domingo y la noche posterior, resultando en la detención de tres personas. Durante estos incidentes, la Policía reportó que sus efectivos y vehículos fueron atacados con piedras y palos, lo que ha exacerbado la tensión entre la comunidad y las autoridades. Además, se confiscó una “gomera” que, según las autoridades, fue utilizada para agredir al personal policial.
La madre de Tomás también intentó acercarse a la comisaría la noche de su muerte para llevarle provisiones, pero no se le permitió el acceso. Este hecho ha sumado un elemento más de dolor y confusión para la familia, que sigue buscando respuestas y justicia en medio de un clima de creciente desconfianza hacia las fuerzas de seguridad. La muerte de Orihuela no solo plantea interrogantes sobre su caso particular, sino que también refleja una problemática más amplia en la relación entre la policía y la comunidad en Córdoba.
