En medio de un clima de tensión y reclamos por mejores condiciones laborales, el sindicato de trabajadores del subte de Buenos Aires, conocido como Metrodelegados, ha decidido implementar una nueva medida de fuerza. Este anuncio se produce en un contexto marcado por irregularidades en el pago de salarios, donde se han registrado descuentos considerados injustificados por parte de la empresa concesionaria, Emova. La acción prevista se llevará a cabo el próximo lunes 11 de mayo, durante la hora pico de 7 a 8 de la mañana, en la estación Federico Lacroze de la Línea B, un punto estratégico de la red.
El levantamiento de molinetes en esta estación es una réplica de una medida similar que tuvo lugar el 27 de abril. Según un comunicado emitido por el sindicato, en los últimos meses se ha instaurado un “proceso fraudulento” de descuentos que afecta a numerosos trabajadores, incluyendo a delegados y miembros del Secretariado Ejecutivo del gremio. Esta situación, argumentan, busca presionar a los empleados para que abandonen sus exigencias por un servicio de subte más eficiente y seguro, lo que ha llevado a un creciente descontento en la base laboral.
Además de los descuentos salariales, Metrodelegados ha expresado su preocupación por la presencia de asbesto, un material potencialmente cancerígeno, en las instalaciones del subte. Esta problemática ha sido señalada como una de las razones por las cuales los trabajadores están dispuestos a intensificar sus reclamos. En el contexto de la última liquidación de sueldos, se reportaron descuentos que oscilaron entre 10 y 30 días, lo que llevó a que algunos trabajadores recibieran recibos con un salario de 0 pesos, a pesar de haber cumplido con sus tareas durante todo el mes.
El conflicto laboral ha cobrado mayor relevancia tras la reciente información de que Emova ha recibido 35 sanciones por parte del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad. Estas sanciones se deben a diversas fallas en la seguridad y accesibilidad de las estaciones, así como incumplimientos en los plazos de reparación de equipos necesarios para el funcionamiento adecuado del servicio. La acumulación de estas sanciones ha generado aún más desconfianza entre los trabajadores y ha alimentado la llama del conflicto.
La situación ha escalado a tal punto que la empresa Emova ha denunciado penalmente a 171 trabajadores, acusándolos de asociación ilícita debido a las acciones gremiales llevadas a cabo en 2024 y 2025. Esta denuncia ha sido calificada por los representantes sindicales como una persecución política, ya que consideran que es un intento de silenciar las reivindicaciones de los trabajadores. Néstor Segovia, secretario general de Metrodelegados, expresó en una reciente conferencia de prensa junto a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que la respuesta de la empresa y del gobierno es desmedida y busca deslegitimar el movimiento obrero.
La tensión entre los trabajadores y la empresa concesionaria se mantiene en aumento, y la medida de fuerza del lunes es solo una muestra de cómo el conflicto podría expandirse si no se llega a un acuerdo. Muchos trabajadores están dispuestos a continuar con sus reclamos, no solo por la defensa de sus salarios, sino también por la seguridad y condiciones dignas de trabajo que consideran esenciales para el buen funcionamiento del sistema de transporte público en la ciudad. Mientras tanto, el futuro del subte de Buenos Aires parece incierto, con una creciente preocupación por cómo se manejarán los conflictos laborales en un servicio tan vital para la movilidad de miles de ciudadanos.
