En la reciente contienda electoral de Perú, el debate presidencial ha tomado un giro controversial, en el que varios postulantes han planteado la posibilidad de que el país se retire del Pacto de San José. Esta propuesta, que incluye la implementación de la pena de muerte y la utilización de jueces encubiertos, ha sido considerada por muchos analistas como una manifestación de "populismo penal". La inseguridad, que ha escalado a niveles alarmantes debido al auge de bandas delictivas que extorsionan a la población, se ha convertido en el tema central de la discusión entre los 34 candidatos que han participado en los debates hasta la fecha.

La violencia y la criminalidad se han transformado en las principales preocupaciones de los ciudadanos peruanos, quienes enfrentan amenazas diarias por parte de grupos criminales que exigen pagos a cambio de protección. Entre los candidatos que han manifestado su apoyo a la salida del Pacto se encuentran figuras como el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, y Keiko Fujimori, quien es reconocida por su legado político familiar. Las propuestas de ambos incluyen no solo la pena de muerte, sino también la creación de cárceles de máxima seguridad donde los internos no recibirían alimentación si se cometen crímenes en las calles.

López Aliaga, en su discurso, ha calificado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como "inhumana" y ha prometido retirar a Perú de esta institución para poder aplicar medidas más severas contra la delincuencia. Sus propuestas han generado revuelo y críticas, dado que se alejan de los estándares internacionales de protección de derechos humanos. En contraposición, Keiko Fujimori ha manifestado su interés de salir de la Corte IDH, aunque subrayó que su objetivo no es necesariamente instaurar la pena de muerte, señalando que en la lucha contra el terrorismo de los años 90 no fue necesaria esta medida.

Fujimori ha mencionado que su intención es reinstaurar el uso de jueces sin rostro para facilitar el procesamiento de criminales, una táctica que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, utilizó en su administración para combatir a los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Sin embargo, esta estrategia fue posteriormente cuestionada por la Corte IDH, que exigió juicios con las debidas garantías procesales. Las propuestas de estos candidatos reflejan una tendencia a buscar soluciones extremas ante un problema que muchos consideran multifacético y complejo.

Por otro lado, el candidato Álvaro Paz De la Barra, del partido Fe en el Perú, ha ido aún más lejos al proponer un estado de excepción a nivel nacional, lo que implicaría la suspensión de derechos y garantías fundamentales. Su discurso ha resonado entre quienes piden medidas drásticas ante la creciente ola de criminalidad. Paz De la Barra ha afirmado que propone la cadena perpetua sin las garantías de un debido proceso, lo que ha generado un intenso debate sobre la necesidad de equilibrar la justicia con los derechos humanos.

Asimismo, Paul Jaimes, del partido Progresemos, ha expresado su desacuerdo con la Corte IDH, acusándola de defender a delincuentes en lugar de a las víctimas. Su propuesta de aplicar la pena de muerte a criminales como sicarios y violadores de menores ha encontrado eco en un sector de la población que siente que el sistema judicial no responde adecuadamente a sus demandas de seguridad. Sin embargo, este tipo de afirmaciones y posturas extremas no están exentas de críticas, ya que plantean serias cuestiones sobre el respeto a los derechos fundamentales en un estado democrático.

En medio de este clima de propuestas radicales, el abogado de izquierda Ronald Atencio se ha posicionado como uno de los pocos candidatos en contra de la salida del Pacto de San José. Su defensa de los derechos humanos y su oposición a medidas drásticas como la pena de muerte reflejan una visión alternativa que busca abordar la inseguridad desde un enfoque más integral y respetuoso de las garantías procesales. El debate en Perú sigue abierto y parece que los ciudadanos tendrán que decidir qué camino tomar ante una crisis de seguridad que exige respuestas efectivas y responsables.