La Cámara Federal de San Martín ha decidido ratificar la prisión preventiva para seis de los imputados en el caso del triple homicidio ocurrido en Florencio Varela, mientras que para el acusado conocido como “Señor Jota” se dictó falta de mérito por no contar con suficientes pruebas que lo vinculen directamente a los asesinatos de las jóvenes Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley Del Castillo. Sin embargo, a pesar de esta resolución, “Señor Jota” permanecerá tras las rejas debido a su involucramiento en otra causa federal.
El tribunal ha decidido mantener la detención de los principales acusados: Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Miguel Ángel Villanueva Silva y Matías Agustín Ozorio. Esta decisión se fundamenta en la existencia de pruebas que sustentan su participación en el secuestro y posterior asesinato de las tres jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados en septiembre de 2025. Las defensas de los imputados habían solicitado su excarcelación, pero la Cámara desestimó estos pedidos, considerando que las evidencias reunidas son suficientes para sostener las acusaciones.
La reconstrucción de los hechos realizada por el tribunal revela que, en la noche del 19 de septiembre de 2025, las víctimas fueron engañadas bajo la promesa de asistir a una fiesta en una vivienda ubicada en la calle Chañar 702, en Villa Vatteone. Este domicilio se había convertido en el centro operativo del grupo criminal, donde las jóvenes fueron privadas de su libertad, sometidas a torturas y, finalmente, asesinadas de manera brutal. Las circunstancias del crimen muestran una clara planificación por parte de los acusados, quienes utilizaron un vehículo Volkswagen Fox, registrado a nombre de Sotacuro Lázaro, para facilitar el secuestro.
Las autopsias de las víctimas aportaron información clave sobre la naturaleza de los crímenes, revelando que, aunque los mecanismos de muerte variaron, todos los casos presentaron un patrón común de sufrimiento extremo y violencia de género. Brenda Loreley Del Castillo, por ejemplo, sufrió múltiples fracturas y cortes, además de heridas post mortem, mientras que Morena Verdi fue estrangulada, y Lara Morena Gutiérrez mostró lesiones en sus manos, compatibles con métodos de intimidación utilizados en el ámbito narco.
La Cámara evaluó un amplio conjunto de pruebas, que incluyeron testimonios de vecinos y choferes de aplicaciones, así como análisis de cámaras de seguridad y datos forenses. Este análisis permitió trazar el movimiento de las víctimas y de los acusados en las horas previas y posteriores al crimen. Un dato relevante fue la identificación de un Chevrolet Tracker que fue incendiado tras el asesinato, dentro del cual se hallaron restos humanos y herramientas que podrían estar vinculadas a los delitos.
Además, se encontraron registros telefónicos y datos de viajes por aplicaciones que confirmaron la presencia de Villanueva Silva y Ozorio en los lugares y momentos críticos del caso. La investigación también reveló intentos de encubrimiento por parte de los acusados, quienes buscaron eliminar pruebas y coordinar su huida tras los hechos.
El fallo de la Cámara ha detallado la implicación específica de cada uno de los imputados en el caso, reafirmando la gravedad de los crímenes cometidos y la necesidad de mantener la prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. A medida que se desarrolla este caso, se espera que la justicia continúe recopilando y analizando pruebas para esclarecer los hechos y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
