En la madrugada del 25 de marzo, la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, se vio sacudida por un episodio de extrema violencia cuando un hombre fue víctima de un disparo en la cabeza. El incidente ocurrió alrededor de la 1:20 a.m., en un contexto de disturbios que se vinculan a la presencia de un supuesto búnker de drogas en la zona. Este hecho ha generado una creciente preocupación entre los residentes del barrio, quienes expresan su temor ante la escalada de violencia asociada a actividades de narcotráfico que han tomado fuerza en la región.
La víctima fue identificada como Ignacio Rafael “Nacho” Dorales, un hombre de 28 años que, tras ser herido, fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón. A pesar de los esfuerzos médicos por salvar su vida, Dorales falleció el 1 de abril, una semana después del ataque. Este caso se registró en el barrio Granaderos de Fray Luis Beltrán, en la intersección de las calles Granaderos y 1º de Mayo, un área que ha sido escenario de múltiples episodios de violencia vinculados al narcotráfico.
De acuerdo con informes de medios locales, el conflicto se desató debido a enfrentamientos entre vecinos y personas que frecuentaban el lugar sospechado de ser un punto de venta ilegal de drogas. La situación del narcotráfico en Santa Fe ha ido en aumento, con organizaciones criminales que operan con impunidad y una serie de ataques violentos que se intensifican, particularmente en la ciudad de Rosario. La repetición de estos hechos de violencia refleja un patrón de intimidación y control territorial que afecta severamente a la población, generando un clima de agotamiento y desesperanza entre los ciudadanos.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, ha señalado que los homicidios en la actualidad presentan características diversas y no siguen un patrón común. "Existen diferentes lugares, actores y perfiles de víctimas, y todos están siendo investigados", afirmó. Sin embargo, la recurrencia de estos atentados en barrios empobrecidos sugiere la persistencia de un patrón estructural donde el crimen organizado establece ataques para marcar su territorio y responder a embestidas por parte del Estado. Por su parte, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, ha reafirmado el compromiso del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, asegurando que "no vamos a retroceder ni un paso".
Tras el ataque a Ignacio Rafael Dorales, la policía se presentó en la escena del crimen y logró identificar al presunto agresor, un adolescente de 16 años conocido como Agustín R. La fiscal Virginia Gabenara, encargada de los delitos cometidos por menores, ordenó su detención. Sin embargo, la situación se tornó aún más caótica cuando Agustín fue linchado por vecinos enardecidos, quienes también incendiaron la motocicleta que supuestamente fue utilizada en el ataque. Al llegar la policía, encontraron al adolescente herido, con lesiones en la cabeza y en una mano, y lo trasladaron al hospital Granaderos a Caballo para recibir atención médica.
Este caso pone en el centro del debate la cuestión de la edad de imputabilidad en Argentina. Actualmente, el nuevo Régimen Penal Juvenil establece que la responsabilidad penal comienza a los 14 años, aunque su aplicación no comenzará hasta septiembre de 2026, según lo indicado en el Boletín Oficial. La situación plantea interrogantes sobre el manejo de la violencia juvenil y el narcotráfico, así como sobre la eficacia de las políticas públicas en la contención de estos fenómenos en crecimiento.
