En Perú, la creciente inseguridad ciudadana está provocando un notable incremento en el cierre y restricciones de actividades comerciales, según un reciente estudio que revela que el 45% de los ciudadanos es consciente de negocios que han sufrido las consecuencias de esta problemática. Esta alarmante cifra ha aumentado en un año, ya que el porcentaje de peruanos que ha presenciado el cierre de bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias y otros emprendimientos locales pasó de un 32% a un 45%. La encuesta, realizada por la firma Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia, pone de manifiesto el impacto que la inseguridad tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente en la capital, Lima.

Lima se ha convertido en el epicentro de esta crisis, con un 59% de los encuestados afirmando haber sido testigos del cierre o restricción de negocios en su vecindario. Este fenómeno afecta, de manera alarmante, a todos los estratos socioeconómicos, lo cual sugiere que la inseguridad no discrimina y no se limita solo a ciertos barrios o sectores. Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y uno de los autores del informe, destacó que la inseguridad trasciende el miedo por la integridad física de los ciudadanos. "Está cerrando comercios, reduciendo los ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos", comentó Valdés, enfatizando la gravedad de la situación.

El Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, una colaboración entre el Banco de Ideas Credicorp y el Banco de Crédito del Perú (BCP) junto con CHS Consultora, revela que el estrés y la ansiedad entre la población adulta han aumentado significativamente. La proporción de personas que sienten que su ansiedad ha crecido "algo" o "mucho" debido a la inseguridad ha escalado del 75% en 2025 al 78% en 2026. Este incremento es particularmente pronunciado en las zonas norte y en áreas urbanas interiores del país, lo que indica que el problema no es solo de la capital, sino que se extiende a regiones donde la violencia y el crimen organizado están en aumento.

La situación es especialmente crítica para los transportistas, quienes han sido identificados como uno de los sectores más vulnerables a la extorsión y el sicariato. En los primeros cinco meses de 2026, se documentaron 131 homicidios y atentados contra conductores, cobradores y pasajeros del transporte público. La mayoría de estos incidentes se concentraron en Lima y Callao, mientras que las regiones del norte como Piura y La Libertad, así como la sureña Ica, también reportaron casos, aunque en menor medida. Esto sugiere un patrón preocupante de violencia que se intensifica en horarios nocturnos, creando un ambiente de temor y desconfianza entre los ciudadanos.

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, también coautor del reporte, alertó que la extorsión sigue siendo un delito casi impune, con cifras preocupantes respecto a la cantidad de internos por este tipo de delitos. A pesar de que en ocho años se han incrementado en casi 23,000 los presos en el sistema penitenciario, el número de internos condenados por extorsión ha aumentado solo de 1,328 a 1,498. Esta situación es reveladora de una falta de efectividad en la lucha contra la criminalidad organizada y sugiere que las políticas públicas implementadas hasta el momento no han logrado frenar el avance de estos delitos.

En este contexto, el reporte también incluye un Índice del Crimen que evalúa la situación de la seguridad en diversas zonas del país, proporcionando un panorama más detallado sobre la magnitud del problema. Las implicaciones de este informe son profundas, ya que la inseguridad ciudadana no solo afecta la economía del país, sino que también tiene un impacto directo en el bienestar social. La urgencia de abordar esta problemática es inminente, no solo para proteger a los ciudadanos, sino para restaurar la confianza en la vida comercial y social del país.