Un reciente informe revela un incremento significativo en la tasa de mortalidad en los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos, alcanzando su nivel más elevado en casi 20 años. Desde la segunda asunción de Donald Trump como presidente, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha registrado 52 muertes entre los detenidos, cifra que contrasta con los promedios históricos y que supera incluso las estadísticas de mortalidad durante la pandemia de COVID-19. Este fenómeno pone de manifiesto la crisis humanitaria que enfrenta el sistema de detención migratoria en el país, lo que ha llevado a organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR) a levantar la voz en defensa de los derechos de estas personas.
El informe destaca que, entre enero de 2025 y enero de 2026, las detenciones por parte del ICE se incrementaron un 77%. Este aumento ha coincidido con una alarmante escalada en la tasa de mortalidad, que se ha triplicado, alcanzando un 138% más que en años anteriores. Actualmente, la tasa se sitúa en 8,4 muertes por cada 10.000 detenidos, una cifra que casi duplica el pico de 4,4 muertes por cada 10.000 registrado durante el primer año de la pandemia.
El documento también señala que 10 de los 52 fallecidos en custodia eran de nacionalidad mexicana, lo que representa la mayor proporción entre las diversas nacionalidades registradas. Al sumar las muertes ocurridas en operativos de detención, la cifra asciende a 15 y se eleva a 16 tras la reciente muerte de otro mexicano en custodia. Este contexto resalta la vulnerabilidad de los migrantes, quienes enfrentan no solo la privación de su libertad, sino también condiciones de detención que comprometen gravemente su salud y bienestar.
Uno de los aspectos más preocupantes que destaca el informe es el desmantelamiento de los mecanismos de supervisión en el Departamento de Seguridad Nacional. Esta falta de control ha permitido que las condiciones de hacinamiento y la inadecuada atención médica deterioren aún más el estado de salud de los detenidos. La mayoría de los casos analizados revelan que las muertes ocurrieron en instalaciones que, en las semanas anteriores, operaban con poblaciones muy superiores a sus capacidades históricas.
Entre los casos documentados, se encuentra el de Ismael Ayala-Uribe, un mexicano de 39 años que residía en Estados Unidos desde los cuatro. Ayala-Uribe falleció en septiembre de 2025 tras no recibir atención médica a tiempo, a pesar de haber denunciado un absceso infectado. Este caso pone de relieve las deficiencias en el sistema de salud de los centros de detención, donde la atención a los problemas médicos urgentes no parece ser una prioridad.
Otro caso impactante es el de Lorenzo Antonio Batrez Vargas, quien también llegó a Estados Unidos a una edad temprana. Batrez Vargas murió a los 32 años después de haber estado en aislamiento por casi dos semanas debido a COVID-19. Su madre, quien fue entrevistada por HRW, expresó su angustia por no conocer las circunstancias exactas que llevaron a la muerte de su hijo, lo que refleja la falta de transparencia en estos centros de detención.
En la actualidad, más de 60.000 personas permanecen detenidas por el ICE, y se proyecta un aumento en la capacidad de detención hasta alcanzar las 90.000 personas para finales de 2026. Este crecimiento en la capacidad de detención, junto con las cifras de mortalidad en aumento, plantea interrogantes sobre el futuro del sistema de inmigración en Estados Unidos y la urgencia de implementar reformas que prioricen la salud y los derechos humanos de los migrantes en el país.
