En un contexto alarmante, la Organización No Gubernamental (ONG) Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha dado a conocer que la cifra de muertes de personas detenidas en centros penitenciarios de Venezuela ha llegado a 29 desde el mes de abril. Esta denuncia se produce tras el fallecimiento de Rafael Vásquez García, un interno del Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, ubicado en el estado Guárico. La ONG atribuye su deceso a un shock hipovolémico y a complicaciones de salud derivadas de la precariedad en la atención médica que reciben los reclusos en el país.

La situación en el sistema penitenciario venezolano ha sido objeto de críticas y denuncias por parte de organismos de derechos humanos, que señalan la responsabilidad del Estado en la preservación de la vida y la integridad de las personas bajo su custodia. En este sentido, el OVP ha exigido con urgencia que se garantice el acceso a la atención médica adecuada, un derecho humano fundamental que, según la organización, se ve sistemáticamente vulnerado en las cárceles del país. La precariedad de las condiciones de vida en los penales, sumada a la falta de recursos y personal sanitario, ha llevado a que muchos internos no reciban la atención necesaria para tratar sus enfermedades.

Durante el mes de junio, el OVP reportó la muerte de seis reclusos en diferentes cárceles de varias regiones del país, incluyendo Miranda, Mérida, Táchira y Zulia. Esta serie de fallecimientos no solo pone de relieve la crisis de salud en el sistema penitenciario, sino que también plantea interrogantes sobre el manejo y la administración de las instituciones carcelarias en Venezuela. La falta de control y supervisión por parte de las autoridades ha permitido que estas tragedias ocurran de manera recurrente, alimentando un ciclo de impunidad que afecta a miles de internos.

Según el informe anual presentado por la ONG a principios de mes, un total de 181 prisioneros perdieron la vida en cárceles y calabozos venezolanos durante el año 2025. Este número, que refleja un incremento superior al 50% en comparación con el período anterior, resalta la creciente preocupación sobre el estado de los derechos humanos en el país. La ONG también precisó que, de las muertes registradas, 158 se produjeron en cárceles y 23 en calabozos policiales, siendo la falta de atención médica la principal causa de fallecimiento en 151 de los casos.

Entre las patologías que han llevado a estos decesos se encuentran afecciones cardiovasculares, respiratorias, fallos multiorgánicos y episodios de shock hipovolémico. Estos datos no solo son un reflejo de la crisis sanitaria en las cárceles, sino que también evidencian la falta de políticas efectivas por parte del gobierno para abordar esta problemática que afecta a una parte vulnerable de la población. La situación se agrava aún más con la ocurrencia de intentos de suicidio y denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de los recintos carcelarios.

El OVP ha reiterado su llamado a las autoridades para que se tomen medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida y salud de los internos, así como para garantizar el respeto a los derechos humanos en los centros de detención. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos están atentas a estos acontecimientos, presionando para que se implementen reformas estructurales que permitan una transformación real del sistema penitenciario en Venezuela. En un país donde la crisis humanitaria se ha vuelto crónica, la situación de los reclusos es uno de los aspectos más alarmantes y olvidados, que requiere atención inmediata y una respuesta decidida por parte del Estado.

La denuncia de la OVP es un llamado de alerta que no puede ser ignorado. La muerte de cada preso es una tragedia no solo para sus familias, sino también para una sociedad que clama por justicia y respeto a la dignidad humana. Sin una respuesta adecuada, la crisis en el sistema penitenciario venezolano seguirá profundizándose, afectando a generaciones enteras y perpetuando un ciclo de sufrimiento e injusticia que debe ser detenido.