El exjefe de Asuntos Internos de la Guardia Civil declaró este martes que la investigación del denominado caso Cuarteles comenzó luego de que la Jefatura de Asuntos Económicos advirtiera un incremento “exponencial” en la contratación de determinadas empresas para realizar obras en instalaciones del Instituto Armado. Según su exposición, las compañías pertenecían al mismo propietario.
La declaración se produjo durante el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Madrid contra un teniente general retirado de la Guardia Civil y el empresario A. R. T., administrador de las tres sociedades adjudicatarias. La Fiscalía solicita para ambos una pena de un año de prisión por un delito de cohecho.
El exresponsable de Asuntos Internos, que actualmente ocupa el cargo de jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, explicó que la alerta se refería a un aumento de las contrataciones registrado entre 2014 y 2017 en comparación con ejercicios anteriores. A partir de esa información, el área que encabezaba puso en marcha una investigación sobre los contratos.
Durante su testimonio, el exmando señaló que el primer informe elaborado por los investigadores documentó distintos indicios que podían apuntar a irregularidades en los procedimientos de contratación. En particular, afirmó que se detectaron posibles incumplimientos de naturaleza administrativa e incluso penal. El relato quedó interrumpido cuando comenzaba a detallar las anomalías incluidas en ese documento.
