En un operativo llevado a cabo esta mañana, la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en un taller clandestino ubicado en el barrio de Monte Castro. La intervención se produjo debido a una denuncia anónima que alertó sobre la explotación laboral que se estaba llevando a cabo en el lugar, donde se sospechaba que se utilizaba la modalidad conocida como "cama caliente". Este término hace referencia a la práctica de utilizar el mismo espacio para diferentes turnos de trabajo, lo que refleja una grave violación de los derechos laborales y humanos de los involucrados.

El allanamiento tuvo lugar en una vivienda situada en la intersección de Bahía Blanca y Arregui, a escasos metros del estadio del Club Atlético All Boys. La acción se ejecutó bajo la orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, que está a cargo del doctor Ariel Lijo, quien se encuentra subrogando la Secretaría 21 de la doctora Carolina Lores Arnaiz. Durante la operación, las autoridades encontraron a un total de once adultos y siete menores en condiciones que han sido descritas como inhumanas, ya que carecían de acceso a la luz natural y ventilación adecuada, y estaban restringidos en su movilidad.

Según los informes, las víctimas vivían en un entorno sombrío, sin la posibilidad de salir al exterior y con puertas que no contaban con picaportes, lo que generaba un ambiente de reclusión. Esta situación es aún más alarmante, dado que el lugar ya había sido clausurado previamente por las autoridades, lo que indica que existía conocimiento sobre las condiciones irregulares del taller. El comisario Pedro Salvarezza, en declaraciones a un medio local, confirmó que la investigación se inició a principios de año tras recibir denuncias a través de los canales de emergencia 911 y 145.

Los datos recopilados durante la investigación indican que los trabajadores rescatados son principalmente de nacionalidad boliviana, lo que subraya la problemática de la trata de personas en el contexto de la migración. Salvarezza también señaló que hay dos personas imputadas, un hombre y una mujer, quienes serán trasladados para enfrentar las acusaciones pertinentes. La intervención no solo fue coordinada por la Policía de la Ciudad, sino que también contó con el apoyo de varias entidades, incluyendo la Gerencia Operativa del Centro de Asistencia a la Víctima y la Dirección Nacional de Migraciones, lo que pone de relieve la gravedad del caso y la necesidad de un abordaje integral.

El operativo se enmarca dentro de la Ley 26.364, que busca sancionar delitos relacionados con la trata y explotación de personas. Las autoridades enfatizan la importancia de proteger tanto a los menores como a los adultos hallados en el inmueble, asegurando que se tomen las medidas necesarias para garantizar su bienestar. Este tipo de procedimientos son cruciales para desmantelar redes de explotación y resguardar los derechos de las personas más vulnerables.

A medida que avanza la investigación, las fuerzas de seguridad no descartan la posibilidad de adoptar nuevas medidas en función de la información obtenida durante el allanamiento. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 se encargará de las actuaciones y del seguimiento de las eventuales responsabilidades penales que puedan surgir de este caso. La situación expone una realidad preocupante en el ámbito laboral y social, donde es imperativo continuar con la lucha contra la trata de personas y la explotación en todas sus formas, promoviendo políticas públicas efectivas que garanticen la dignidad y los derechos de todos los trabajadores.