Una abuela de 37 años se encuentra en el centro de un escandaloso caso que ha conmocionado a la sociedad argentina, tras ser acusada de secuestrar a su nieto de tres años con la supuesta intención de venderlo por 14 millones de pesos. La mujer, identificada como J. V., junto a su pareja, un hombre de 28 años conocido como E. M., fue detenida por la policía en Tunuyán, Mendoza, y desde entonces ambos permanecen en el penal de San Felipe a la espera de juicio.

El hecho se conoció el 1 de junio de 2025, cuando una adolescente de 19 años, quien es la madre del niño, alertó a las autoridades a través del 911. En su denuncia, la joven indicó que su hijo estaba siendo trasladado sin su consentimiento hacia otra provincia. La intervención rápida de la policía permitió localizar a un grupo de personas que incluía al niño, en el callejón Belgrano de Tunuyán, a escasa distancia de la Ruta 40, donde se dirigían.

Al ser detenidos, el hombre involucrado alegó que el menor le había sido entregado por su madre debido a problemas de salud que le impedían cuidarlo. Sin embargo, las circunstancias en las que se produjo el secuestro empezaron a aclararse cuando los efectivos encontraron a la madre llorando en su hogar, lo que generó dudas sobre la veracidad de la declaración del hombre. Tres testigos que estaban presentes en el lugar confirmaron que el objetivo del traslado del niño era venderlo en Salta, y que ya se habría realizado un adelanto del 50% de la suma acordada para dicha transacción.

La Fiscalía de Tunuyán ha calificado a J. V. y E. M. como responsables de sustracción de menores, un delito que conlleva penas de prisión de entre cinco y quince años. La gravedad de la acusación ha llevado a que el caso se maneje bajo secreto de sumario, mientras las autoridades evalúan la posibilidad de que exista un vínculo con una red de trata de personas. Este aspecto ha generado una alerta en la Justicia de Mendoza, que ha decidido coordinar esfuerzos con sus pares de Salta para investigar más a fondo las conexiones que podrían existir detrás de este intento de venta.

La audiencia preliminar, presidida por la jueza Mónica Romero, ha servido para establecer los puntos que se debatirán en el juicio, el cual se llevará a cabo en los tribunales del Valle de Uco. Según fuentes judiciales, el proceso se desarrollará en un corto plazo, dado el interés público que ha suscitado este caso. La magnitud del mismo ha hecho que las autoridades judiciales de ambas provincias se mantengan en contacto para seguir la pista de posibles compradores o cómplices en esta trama.

Además, la situación ha desencadenado una serie de investigaciones adicionales, incluyendo una orden de búsqueda y restitución de otra menor, Sur Álvarez Tovar, de siete años, quien presuntamente se encuentra oculta por su madre en la provincia de Buenos Aires. Esta acción fue dictada por la jueza de Familia Natalia Lorena Vila y responde a una solicitud del padre de la niña, lo que pone de manifiesto la complejidad de los casos de protección infantil en el país. La coordinación entre las distintas jurisdicciones es fundamental para abordar este tipo de delitos y asegurar el bienestar de los menores involucrados.

El caso no solo pone de relieve la vulnerabilidad de algunos niños en situaciones familiares complejas, sino que también evidencia la necesidad de un sistema judicial eficiente que pueda actuar con rapidez para proteger a los menores de posibles abusos. La sociedad argentina espera que la justicia actúe con firmeza en este y otros casos similares, garantizando que se tomen las medidas adecuadas para salvaguardar el futuro de los niños en riesgo.