Las negociaciones para la investidura de María Guardiola se encuentran en un punto crítico a menos de dos semanas del pleno, programado para el 3 de marzo. La relación entre el Partido Popular y Vox, esencial para que la candidata popular asuma la presidencia de la Junta de Extremadura, está estancada debido a un cruce de exigencias y la distribución del poder, lo que ha llevado a que el acuerdo parezca cada vez más distante, según fuentes cercanas a las conversaciones.
Inicialmente, se pensaba que había un entendimiento relativamente sólido basado en coincidencias programáticas, pero la situación ha escalado a una negociación intensa. Vox ha decidido establecer un precio político claro por su apoyo, exigiendo el control de los informativos de Canal Extremadura, una vicepresidencia del Gobierno regional y dos consejerías. Además, busca implementar un conjunto de medidas que impactarían en las principales líneas de la acción gubernamental.
Las demandas de Vox son complejas, ya que buscan hacerse con áreas de gran relevancia dentro del Gobierno extremeño, lo que incluye la creación de una vicepresidencia que asumiría competencias en Interior, Seguridad, Inmigración y Diálogo Social, actualmente bajo el mando de la Consejería de Presidencia. También pretenden controlar la Consejería de Agricultura y áreas relacionadas con Empresa e Industria, lo que refleja la razón detrás del actual estancamiento de las negociaciones. En este contexto, Vox ha dejado claro que no aceptará acuerdos ambiguos y exigirá compromisos firmes en temas clave como políticas ecológicas, inmigración y fiscalidad.
