La Asamblea Nacional de Venezuela ha dado un paso significativo al establecer una comisión especial que se encargará de examinar la aplicación de la Ley de Amnistía para presos políticos. Esta ley, que fue aprobada de manera unánime y promulgada de inmediato por la presidenta interina Delcy Rodríguez, tiene como objetivo revisar casos que no estaban incluidos en la normativa original.
La Ley de Amnistía abarca un período que se extiende desde 1999 hasta 2026, pero identifica solo 13 situaciones políticas a partir de 2002, lo que deja fuera numerosas detenciones ocurridas en los últimos 27 años, así como casos relacionados con operaciones militares. La nueva comisión, presidida por el diputado oficialista Jorge Arreaza y con la opositora Nora Bracho como vicepresidenta, tendrá la facultad de recomendar medidas alternativas a otros organismos estatales en los casos que revise.
Desde su primer día de funcionamiento, la comisión se ha declarado en sesión permanente y ha comenzado a entablar contactos con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública para agilizar la tramitación de solicitudes. Rodríguez ha instado a la comisión a trabajar con rapidez en la revisión de los casos no contemplados, y se ha comprometido a garantizar un plazo de quince días para responder a cada petición de amnistía. La ONG Foro Penal ha presentado una lista de 232 casos para su inclusión en la amnistía, destacando la situación de personas mayores y con problemas de salud.
