La Asamblea Nacional de Venezuela ha iniciado la segunda discusión de un proyecto de ley de amnistía que podría beneficiar a numerosos presos políticos. Este debate se desarrolla en un contexto marcado por intensas negociaciones y bajo la atenta mirada de familiares, activistas y la comunidad internacional.
Impulsada por Delcy Rodríguez, quien asumió el mando tras la captura de Nicolás Maduro, la propuesta abarca delitos y faltas cometidos durante los 27 años de gobierno chavista. Sin embargo, la redacción del texto ha generado divisiones significativas. Uno de los puntos más controversiales, el artículo 7, establece que para acceder a la amnistía, los beneficiarios deben “estar a derecho o presentarse ante la justicia”, lo que ha generado inquietud entre opositores que se encuentran en el exilio, temerosos de que su situación legal no se vea resuelta con la aprobación de esta ley.
Hasta el momento, se han excarcelado al menos 448 personas, aunque todavía hay 644 detenidos por razones políticas, según datos de organismos de derechos humanos. Los liberados no gozan de una libertad plena, lo que ha llevado a familiares y activistas a reclamar que la amnistía debe implicar una libertad total sin condiciones. Desde el 8 de enero, algunos familiares han estado acampando frente a los centros de detención en busca de la liberación de sus seres queridos. La complejidad de las negociaciones se centra en tres artículos clave, cuya redacción definitiva aún no se ha concretado. A pesar de contar con mayoría en el Parlamento, el chavismo busca consenso, mientras que la oposición expresa reservas sobre varios aspectos del proyecto. La sesión, que estaba programada para las 16:00 horas, se ha visto retrasada por estas discusiones y por las reuniones de la comisión responsable del texto.
El artículo 8 del proyecto contempla los eventos que serían amnistiados, desde el golpe de Estado contra Hugo Chávez hasta las protestas tras la reelección de Maduro en 2024. Expertos en derechos humanos y miembros de la sociedad civil han enfatizado la necesidad de que la ley sea inclusiva y garantice un proceso de justicia transicional. Naciones Unidas ha instado a que todas las víctimas de enjuiciamientos injustos sean incluidas en la amnistía, como parte de una solución más amplia al conflicto político en el país. En este contexto, la situación de los familiares de los detenidos ha cobrado especial relevancia, con un grupo de diez mujeres que iniciaron una huelga de hambre el 14 de febrero en demanda de la liberación de sus allegados. El abogado Gonzalo Himiob ha expresado que el Parlamento tiene la oportunidad de evidenciar si realmente existe un compromiso con la reconciliación nacional y el respeto a los derechos humanos.
