Las universidades privadas en Colombia han elevado una demanda ante la Corte Constitucional en contra del impuesto al patrimonio establecido por el Ministerio de Hacienda. La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) arguye que el Decreto Legislativo 0173 de 2026, que impone este gravamen, pone en riesgo la sostenibilidad financiera de estas instituciones y, por ende, afecta a los estudiantes.
El decreto en cuestión, emitido el 24 de febrero de 2026, establece que las universidades cuyo patrimonio líquido supere los 10.474 millones de pesos deben pagar este impuesto. Ascún sostiene que esta carga tributaria no solo compromete los recursos destinados a la educación superior, sino que también podría resultar en un aumento de las matrículas y una reducción de las becas, lo que dificultaría el acceso a la educación para más de 1,2 millones de alumnos.
Además, Ascún enfatiza que destinar fondos a pagar impuestos constituye una interferencia en la autonomía financiera de las universidades, que generalmente invierten en infraestructura y servicios educativos. La organización ha solicitado a la Corte que considere una suspensión provisional del impuesto mientras evalúa su constitucionalidad, argumentando que el impacto financiero para el sector podría ascender a 135.000 millones de pesos, en un contexto ya complicado por la disminución de matrículas y el aumento del salario mínimo.
