La Audiencia Provincial de Madrid ha tomado la decisión de eliminar la pensión compensatoria que una mujer percibía de su exesposo, además de reducir la cuota alimentaria destinada a sus dos hijos a 300 euros cada uno, debido a la significativa disminución de los ingresos del padre.

El caso se centra en la notable diferencia en los ingresos de ambos progenitores tras el proceso de divorcio. El padre, que anteriormente ganaba 147.610,85 euros anuales como director de varias empresas de seguros digitales, ha visto cómo sus ingresos se desplomaron a tan solo 30.000 euros anuales tras perder su empleo y enfrentar el fracaso de sus negocios. Actualmente, trabaja como empleado y enfrenta un aumento en sus gastos personales debido al alquiler de 1.150 euros mensuales que debe pagar, una situación muy distinta a la que vivía al momento de firmar el acuerdo de divorcio, cuando residía con su madre y tenía menos obligaciones económicas.

La sentencia revela que el hombre fue despedido en septiembre de 2023 y recibió una indemnización de 9.813 euros, lo que ha hecho que sus ingresos se encuentren muy por debajo de los que tenía al establecer la cuota alimentaria original. Aunque la defensa de la exesposa intentó argumentar que el padre contaba con ingresos adicionales por el alquiler de dos propiedades, el tribunal determinó que no se presentaron pruebas documentales que respaldaran esta afirmación. Asimismo, se mencionó que la mujer también había visto mejoras en sus ingresos, aunque de manera parcial, ya que trabaja en un empleo de jornada reducida y realiza actividades irregulares relacionadas con el cuidado de niños y un negocio de catering, que no son facturados ni bancarizados.

El debate también tocó el tema de la cuota alimentaria, ya que el padre solicitó una reducción o incluso la eliminación de esta obligación debido a la llegada de una nueva hija que tuvo en una relación posterior. Sin embargo, el tribunal subrayó que aunque el nacimiento de un nuevo hijo puede modificar ciertas circunstancias, no se presentó evidencia de cómo eso afectaba la economía familiar. Además, se dejó en claro que todos los hijos tienen el mismo derecho a recibir apoyo económico, sin importar el orden de su nacimiento, reafirmando así la igualdad ante la ley en cuestiones alimentarias.