Mientras la atencion estaba puesta en las elecciones presidenciales de julio de 2024, Human Rights Watch instó al régimen venezolano, encabezado a partir de enero por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez,.

Como parte de este proceso, la ONG demandó reformas con miras a respaldar la independencia judicial, cooptada a contar de el momento en que la enmienda de 2004 durante el gobierno de Hugo Chávez. Vale mencionar que a su vez, la destitución de Tarek William Saab, señalando que su permanencia es incompatible con un proceso de enmienda real.

En ese contexto, el pronunciamiento se conoció mientras la Asamblea Nacional mantiene pendiente el segundo y último polemica del emprendimiento de disposicion legal, requerido con miras a su aprobación final. La votación fue postergada debido a desacuerdos internos con respecto a un artículo que exige que los beneficiarios de la amnistía se presenten formalmente ante la justicia, requisito conocido como “ponerse a derecho”.

En linea de la mano de lo pasado, la organización valoró las recientes excarcelaciones de presos políticos, consideradas un “alivio importante”, aun cuando recordó que unas 600 personas permanecen encarceladas por motivos políticos. Al analizar la cuestion, hRW advirtió que el aparato represivo sigue activo y que la disposicion legal de amnistía debatida en la Asamblea Nacional no garantiza la liberación incondicional de todos los detenidos arbitrariamente.

Al estudiar la cuestion, “Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. En esa misma linea, cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos,. Es importante senalar que que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano”, señaló en un comunicado la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus.

La Plataforma Unitaria, en la jornada del martes, Democrática (PUD), fundamental coalición opositora de Venezuela, reclamó que la ley de amnistía en discusión en el Parlamento sea “verdadera, integral y efectiva” y permita la liberación total de todos los presos políticos.

En medio de este escenario, reducido estas circunstancias, hRW citó datos de Foro Penal que apuntan a casi 19.000 detenciones arbitrarias en Venezuela, en compania de denuncias de malos tratos, tortura, incomunicación y audiencias virtuales masivas. En esa misma linea, del mismo modo recordó que, a partir de 2014, se registran violaciones generalizadas de derechos humanos contra disidentes, periodistas y activistas, acompanado de la complicidad de la Fiscalía y el Poder Judicial.

Del mismo modo, exhortó a crear condiciones con miras a comicios libres y justas, incluyendo la revisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos miembros respaldaron la reelección de Maduro y bloquearon candidaturas opositoras, como la de María Corina Machado.

Es importante senalar que el proyecto de ley, según el chavismo, contempla la excarcelación de personas que hayan cometido delitos desde 1999,. En medio de este contexto, organizaciones y activistas advierten que excluye a decenas de detenidos y obliga a los beneficiarios a admitir hechos que niegan haber cometido.

De manera complementaria, “La discusión sobre la amnistía no debe usarse como excusa para retrasar la liberación incondicional de los presos políticos ni las reformas necesarias para restaurar la democracia”, subrayó Goebertus.

Cabe recordar que la alianza advirtió que el texto actual deja fuera a numerosos detenidos y condiciona la libertad a requisitos que distorsionan el propósito de reconciliación nacional.

HRW remarcó que Rodríguez debe respaldar el acceso carente de restricciones a Venezuela con miras a los observadores internacionales de derechos humanos, incluidas la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFM) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en firma de el fin de que puedan documentar la situación de derechos humanos en el país.

En un comunicado, la PUD sostuvo que “una amnistía que excluye a presos no es amnistía” y denunció que cualquier normativa que seleccione beneficiarios o imponga restricciones representa “administración del castigo” y no un acto de administracion de justicia. Es fundamental senalar que la coalición insistió en la necesidad de “libertad plena para todos los presos políticos, sin excepciones, sin cálculos y sin trampas jurídicas”.

Al examinar la cuestion, (Con información de Europa Press).