El Gobierno de Perú ha decidido implementar un subsidio mensual de S/ 500 destinado a las familias que han sufrido pérdidas totales o parciales de sus viviendas debido a las recientes lluvias intensas en la región de Arequipa. Este apoyo económico se extenderá por un período máximo de dos años, con el fin de facilitar el acceso a un alquiler mientras se lleva a cabo la recuperación o reconstrucción de las propiedades afectadas.
La iniciativa, que será gestionada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se realizará a través del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE). La entrega del subsidio priorizará a aquellos damnificados que han experimentado el mayor nivel de daño. Este anuncio se da en un contexto de emergencia, donde varios distritos de la ciudad enfrentan graves problemas, como viviendas inundadas, caminos bloqueados y servicios públicos interrumpidos.
Desde la madrugada del 16 de febrero, las lluvias han desbordado ríos y torrenteras, afectando severamente zonas como Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara y Caravelí. Las autoridades han informado sobre el impacto en infraestructuras clave, incluyendo un terminal terrestre y varias instituciones educativas. En este contexto, el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, ha calificado la situación como una “catástrofe”, subrayando que la recuperación requerirá un esfuerzo sostenido por parte del Gobierno Regional y varias semanas de trabajo.
Es importante destacar que el subsidio no será otorgado de manera universal; solo podrán acceder al mismo aquellas familias cuyos hogares hayan sido oficialmente declarados inhabitables o destruidos tras una evaluación técnica. Hasta el momento, en Cayma se han reportado 220 viviendas afectadas, aunque el proceso de verificación continúa en marcha. Para recibir el BAE, las familias damnificadas deberán ser empadronadas por sus municipalidades locales, lo que permitirá validar sus datos y facilitar la asignación del subsidio. Se estima que el primer pago del bono podría realizarse en un plazo de entre uno y un mes y medio, mientras las municipalidades trabajan en ofrecer alojamiento temporal a los afectados.
