La reciente restricción de WhatsApp en Rusia ha despertado preocupaciones sobre la privacidad y el acceso a la información, especialmente tras la migración forzada de millones de usuarios hacia plataformas de mensajería estatales. Esta prohibición, que afecta a cerca de 100 millones de personas, es vista como parte de una estrategia gubernamental más amplia para consolidar el control sobre el entorno digital, intensificada desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania hace aproximadamente cuatro años.
Según un informe del Ministerio de Defensa británico, las autoridades rusas justifican el bloqueo al argumentar que WhatsApp no se ajusta a las leyes locales, particularmente en lo que respecta a la cooperación con organismos del Estado y el acceso a datos. La instrucción a los usuarios para que se pasen a aplicaciones de mensajería promovidas por el Estado es parte de un nuevo marco regulatorio que busca aumentar la vigilancia sobre las comunicaciones digitales en el país.
Adicionalmente, el regulador de medios ruso, Roskomnadzor, ha comenzado a limitar el acceso a Telegram, otra plataforma popular. En este contexto, la nueva aplicación 'Max', desarrollada por el grupo VK y respaldada por el Estado, se presenta como la opción obligatoria para los usuarios. Max combina servicios de mensajería, pagos y trámites gubernamentales, pero ha sido criticada por carecer de cifrado de extremo a extremo, lo que pone en riesgo la privacidad de los usuarios frente a posibles accesos estatales.
