La llegada de José María Balcázar a la presidencia de Perú ha reavivado las esperanzas del sector más fiel al expresidente Pedro Castillo. Desde el inicio de su mandato, el tema del posible indulto a Castillo se ha convertido en un punto central de discusión pública, especialmente debido a la histórica afinidad de Balcázar con las ideologías de Perú Libre.

La inquietud entre los ciudadanos aumentó tras el anuncio de Walter Ayala, exministro de Defensa y abogado del exmandatario, quien aseguró que planea presentar una solicitud formal de indulto, fundamentada en "razones humanitarias" y en lo que considera una "persecución política". Sin embargo, ante la presión mediática, Balcázar se mostró cauteloso y afirmó que, hasta el momento, nadie le ha solicitado formalmente el indulto, y que su enfoque está en cuestiones concretas y tangibles.

Un obstáculo importante para el indulto es la normativa vigente que regula el proceso. Según el Artículo 3 del reglamento actual, el indulto solo puede otorgarse a quienes hayan sido condenados con sentencias firmes, lo que no se aplica al caso de Castillo, quien actualmente cumple una pena de 11 años y 5 meses por un intento de golpe de Estado en 2022. Dado que su condena ha sido apelada y está a la espera de un fallo definitivo, el Ejecutivo no tiene la autoridad para conceder un indulto hasta que se resuelva su situación judicial, que podría extenderse hasta 2026.

Balcázar, reconociendo los límites de su poder, expresó: "Sería inapropiado intentar interferir en los asuntos del Poder Judicial". A medida que se acerca el periodo electoral, con las elecciones generales programadas para el 12 de abril próximo, es probable que su breve mandato no coincida con la resolución del caso de Castillo, lo que complica aún más la posibilidad de un indulto en el corto plazo.