La jueza a cargo de la investigación sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante ha permitido que el grupo municipal del PSPV se constituya como acusación popular. Esta decisión se produjo luego de que el partido abonara una fianza de 3.000 euros, tal como lo había requerido anteriormente la titular de la Sección de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) informó que la solicitud del PSPV fue aceptada tras confirmar el cumplimiento del requisito económico establecido en una resolución del 3 de marzo de 2026. La formalización de la querella, que debe ser firmada por un abogado y un procurador, junto al depósito de la caución exigida, son condiciones estipuladas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La portavoz socialista Ana Barceló, quien representa al grupo en el Ayuntamiento, fue la encargada de presentar la documentación necesaria.
La investigación ha captado el interés de diversas formaciones políticas y grupos ciudadanos debido a que se trata de una promoción de viviendas de protección pública. La inclusión del PSPV en el proceso penal les permitirá participar activamente, presentar pruebas y estar presentes en los actos procesales estipulados por la ley. Este mecanismo, destinado a que ciudadanos y colectivos con interés legítimo puedan intervenir en casos relevantes, busca fortalecer la persecución de delitos que afecten al interés general, asegurando que la actuación del PSPV sea seria y respaldada por los requisitos legales pertinentes.
