La diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, ha presentado una iniciativa legislativa en el Congreso Nacional de Honduras que propone reducir la edad punible de 18 a 16 años para ciertos delitos graves. Esta propuesta ha desencadenado un amplio debate tanto en el ámbito político como en diversas organizaciones que defienden los derechos humanos.
La legislación planteada por Espinal permitiría que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados penalmente por crímenes como homicidio, violación, extorsión, secuestro, tráfico de drogas y otros delitos graves vinculados a organizaciones criminales. La diputada ha argumentado que el crimen organizado ha encontrado formas de involucrar a menores en actividades delictivas, aprovechando la actual legislación que establece la responsabilidad penal a partir de los 18 años.
Además, la propuesta incluye la creación de un Registro Nacional de Agresores Sexuales, que sería confidencial y de acceso restringido a las autoridades pertinentes. Este registro buscaría facilitar la identificación de condenados por delitos sexuales contra menores y prevenir la reincidencia. Espinal ha señalado que la castración química podría ser aplicada en casos de violación comprobada contra niñas, una medida que considera esencial para la protección de la infancia en el país. La propuesta ha generado opiniones encontradas, con defensores de derechos humanos advirtiendo sobre posibles vulneraciones a las garantías de los adolescentes, mientras que víctimas de delitos graves ven en esta iniciativa un avance hacia la justicia.
