La diputada Maribel Martínez Ruiz, representante del Partido del Trabajo, ha presentado una propuesta legislativa en la Cámara de Diputados de México que busca establecer sanciones más severas, tanto administrativas como penales, para aquellos conductores de transporte público y de aplicaciones digitales que incurran en actos de acoso, hostigamiento, abuso o cualquier forma de violencia sexual contra los usuarios durante el ejercicio de su labor. Esta iniciativa surge en un contexto alarmante, donde la violencia sexual en el transporte público se ha convertido en una preocupación creciente para la sociedad mexicana.
La propuesta tiene como objetivo modificar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como el Código Penal Federal. Se pretende garantizar que todos los entornos de movilidad sean seguros y estén libres de violencia sexual, un derecho fundamental que actualmente se ve comprometido. La diputada Martínez Ruiz ha enfatizado que la respuesta a esta problemática debe ser integral y con un enfoque de género, lo que implica un compromiso no solo por parte de los conductores, sino también de las empresas concesionarias y operadoras de transporte.
Entre las sanciones contempladas en la propuesta se encuentra la cancelación definitiva de licencias y permisos de conducir para aquellos que cometan infracciones de este tipo. Además, se prevé la revocación de concesiones y registros que permitan operar a los infractores, así como la inhabilitación permanente para prestar servicios de transporte. Estas medidas se aplicarían sin perjuicio de las responsabilidades penales a las que pudieran enfrentar los agresores, lo que representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual.
Un aspecto relevante de esta iniciativa es el agravante que se aplicaría en casos donde la víctima sea una niña o adolescente. En tales situaciones, las sanciones se endurecerían al máximo, en línea con el principio del interés superior de la niñez. La modificación del artículo 266 Bis del Código Penal Federal sería clave, ya que se propone aumentar las penas por abuso sexual y violación hasta en un 50% si el agresor es un conductor de transporte público o privado a través de plataformas digitales. Esta disposición es esencial para salvaguardar a los usuarios más vulnerables, quienes son frecuentemente blanco de violencia.
La iniciativa también estipula responsabilidades para las empresas de transporte y las plataformas digitales. Estas deberán implementar medidas efectivas para proteger a los usuarios, lo que incluye proporcionar auxilio inmediato a las víctimas, establecer protocolos de emergencia, de denuncia y de atención que se activen de manera rápida en casos de violencia sexual. Además, deberán colaborar de forma plena y oportuna con las autoridades durante las investigaciones, asegurando así un proceso más ágil y efectivo en la búsqueda de justicia.
Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública son alarmantes: en 2025 se reportaron más de 61,713 delitos sexuales en todo el país, de los cuales cerca de 8,704 fueron casos de acoso sexual. Este panorama revela que, en la Zona Metropolitana del Valle de México, más del 60% de las mujeres han sido víctimas de acoso o violencia sexual en el transporte público. Este fenómeno no solo afecta la libertad de movimiento de las personas, sino que también condiciona el ejercicio de su derecho humano a la movilidad en condiciones seguras.
La propuesta de la diputada Martínez Ruiz se alza como una respuesta a una problemática social que demanda atención urgente. La implementación de estas sanciones más estrictas podría ser un paso decisivo para fomentar un entorno más seguro en el transporte público y privado, promoviendo así una cultura de respeto y dignidad hacia todos los usuarios. La sociedad civil, junto con el Estado, debe seguir trabajando para erradicar la violencia sexual y garantizar un transporte seguro para todos.
