La Defensa Pública de Costa Rica, junto a reconocidos abogados penalistas, ha manifestado su inquietud esta semana ante el avance de una propuesta legislativa que busca modificar el artículo 36 de la Constitución Política del país. Esta modificación obligaría a las personas a declarar en contra de sus familiares en casos de delitos sexuales o violencia hacia menores, lo que, según los especialistas, podría comprometer garantías fundamentales del debido proceso y del derecho a la defensa.
El debate en la Asamblea Legislativa ha cobrado mayor relevancia tras la aprobación, en enero pasado, del expediente 23.729, que propone la reforma constitucional conocida como "Política para Limitar el Derecho de Abstenerse a Declarar en Delitos que Cometan Familiares contra Personas Menores de Edad, y Otras Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género". La iniciativa, impulsada por la diputada Carolina Delgado del Partido Liberación Nacional, avanza ahora hacia una comisión legislativa que se encargará de analizarla y ofrecer recomendaciones sobre su posible aprobación o rechazo.
Recientemente, la docente Mayra Campos, experta de la Universidad de Costa Rica, se presentó ante los legisladores para proporcionar insumos técnicos acerca de los posibles efectos de la reforma. Durante su intervención, destacó la necesidad de evaluar tanto las implicancias jurídicas como las sociales de la propuesta antes de modificar derechos fundamentales. La Defensa Pública también ha resaltado que un cambio de esta envergadura exige estudios de impacto y un diálogo abierto con expertos en derecho penal y protección de menores, para evitar retrocesos en las garantías establecidas en la legislación costarricense.
