El próximo 19 de febrero se llevarán a cabo diversas manifestaciones en varias localidades de Colombia a raíz de la convocatoria del presidente Gustavo Petro. Esta movilización busca respaldar el incremento del 23% en el salario mínimo para 2026, un aumento que fue suspendido de manera provisional por el Consejo de Estado. El Gobierno había calificado esta medida como “esencial” y la estableció mediante un decreto.

A través de su cuenta oficial en X, la Presidencia instó a la ciudadanía a participar de las movilizaciones. En el mensaje, se argumentó que el decreto fue fundamentado en estudios técnicos y criterios económicos sólidos, con el objetivo de asegurar que los trabajadores cuenten con un ingreso digno. “Invitamos a la comunidad laboral a salir a las calles y expresar su opinión”, se indicó desde la Casa de Nariño.

La resolución del Consejo de Estado no se opone al aumento en sí, sino a los criterios técnicos que se usaron para calcularlo, los cuales, según el tribunal, no cumplen con los estándares legales requeridos. En respuesta a la convocatoria del presidente, varias organizaciones, como Transparencia por Colombia y la Fundación Mujeres por la Democracia, expresaron su inquietud al considerar que estas movilizaciones podrían presionar a la justicia. Alertaron que el mandatario podría estar presentando a los jueces como adversarios en el respeto de los derechos fundamentales, lo que podría tener repercusiones negativas en la independencia judicial.