La expresidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Isabel Pardo de Vera, negó haber conocido el presunto cobro de “comisiones o contraprestaciones” por parte de empresas vinculadas al supuesto amaño de obras públicas. También consideró “inverosímil” que hubiera tenido capacidad para beneficiar a determinadas compañías.

La exfuncionaria planteó su posición en un escrito remitido al juez instructor Ismael Moreno, en el marco de la causa que tramita en la Audiencia Nacional por presuntos arreglos de contratos de obra pública a cambio de comisiones ilegales. La investigación constituye una de las ramas del denominado caso Koldo.

En el documento, Pardo de Vera cuestionó las conclusiones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que contribuyeron a su imputación. En particular, negó haber contado con una “capacidad autónoma, directa y eficaz para favorecer a determinadas empresas en contratos de obra ferroviaria, al margen o encima de la cadena ordinaria de informes, controles” y “autorizaciones” que integran esos expedientes.

“La condición de presidenta de Adif permite intervenir institucionalmente en determinados actos de aprobación, elevación, firma orgánica o autorización procedimental. Pero esa intervención institucional no equivale a capacidad material para predeterminar adjudicatario o puntuar oferta”, sostuvo.

El escrito también sostiene que la función institucional de la presidencia no permitía reemplazar los procedimientos administrativos ni determinar por sí sola el resultado de las licitaciones. En paralelo, el juez Ismael Moreno pidió un informe a la Fiscalía Anticorrupción en el marco de las actuaciones.