La Asamblea Nacional de Panamá ha decidido suspender el proyecto de ley 443, que contemplaba la obligatoriedad de mezclar un 10% de etanol en la gasolina que consumen los ciudadanos. Esta determinación se produce en un contexto donde algunos sectores esperaban que el presidente José Raúl Mulino convocara a sesiones extraordinarias del organismo legislativo para avanzar en la aprobación de esta normativa. La decisión de suspender la iniciativa se adoptó con 55 votos a favor y una sola abstención, lo que refleja un consenso entre los jefes de las diversas bancadas sobre la necesidad de proporcionar más información al público acerca de las ventajas y desventajas del etanol como biocombustible.
El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, enfatizó la importancia de no legislar sin contar con la debida consulta popular. "No queremos legislar de espaldas al pueblo panameño", expresó, subrayando la necesidad de transparencia y participación en la toma de decisiones que afectan la vida diaria de los ciudadanos. Este enfoque pone de relieve una creciente demanda social por una mayor inclusión en los procesos políticos, especialmente en temas que impactan tanto la economía como el medio ambiente.
Desde 2013, la discusión sobre el uso de etanol en Panamá ha estado presente, pero ha enfrentado múltiples intentos fallidos de implementación en los años 2014, 2023 y 2025. Durante la administración anterior de Laurentino Cortizo, se había planteado un cronograma específico que estipulaba que para septiembre de 2024, la mezcla del 5% de etanol sería obligatoria, incrementándose a 7% en abril de 2025 y alcanzando el 10% en abril de 2026. Sin embargo, estos plazos no se cumplieron, lo que refleja la dificultad de llevar adelante políticas públicas en este ámbito.
En el contexto de esta suspensión, se destaca la problemática de la disminución en el área sembrada de caña de azúcar, que ha visto una reducción significativa en los últimos años. Según datos del Censo Agropecuario de 2024, el área cultivada pasó de 40,555 hectáreas en la campaña 2016-2017 a solo 24,730 hectáreas en 2023-2024. Esta tendencia plantea serias interrogantes sobre la viabilidad de implementar un programa de etanol que requiere de un suministro constante y suficiente de caña, lo que podría llevar a un estancamiento en el desarrollo del sector agroindustrial.
El proyecto de ley también contaba con el respaldo de la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (Azucalpa), que considera al etanol un componente clave para fortalecer la cadena productiva de la caña de azúcar y fomentar la bioeconomía. Sin embargo, los directivos de la asociación han reconocido que la implementación inicial no alcanzaría el 100% de abastecimiento, lo que podría generar inquietudes tanto en los productores como en los consumidores. La falta de una planificación adecuada y de recursos suficientes podría obstaculizar el crecimiento del sector y limitar los beneficios esperados.
En conclusión, la suspensión del proyecto de ley sobre el etanol en la gasolina pone de manifiesto la complejidad de las decisiones legislativas en Panamá, donde la falta de información y la necesidad de un diálogo más amplio con la población se presentan como factores clave. La administración actual enfrenta el desafío de reorientar la discusión hacia un modelo que integre de manera efectiva las preocupaciones medioambientales, económicas y sociales, buscando un equilibrio que beneficie a todos los actores involucrados en esta crucial industria. A medida que se reanuden las actividades legislativas el 1 de julio, será fundamental observar cómo se desarrollarán las conversaciones sobre este tema y qué alternativas se presentarán para avanzar en la promoción de energías más sostenibles en el país.
