La Argentina atraviesa una oportunidad concreta para resolver una de las principales discusiones pendientes del sector agropecuario: el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las semillas autógamas, como la soja. Una actualización del sistema permitiría mejorar las condiciones para atraer inversiones destinadas al principal cultivo del país, cuyo desarrollo tecnológico se encuentra limitado por la falta de una retribución adecuada.
Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur, advirtió que la falta de un mayor nivel tecnológico en la soja representa una pérdida estimada en unos 3000 millones de dólares anuales. “El gran debate no es productores contra semilleros, sino cómo hacemos para que no perdamos tres mil palos”, sostuvo.
La ley argentina de semillas, sancionada en 1973, permite a los productores reservar parte de la cosecha para utilizarla como semilla en campañas posteriores. La normativa fue aprobada antes del desarrollo de la biotecnología agrícola y cuando la soja todavía ocupaba un lugar menor dentro de la producción nacional. Por ese motivo, quienes impulsan una modificación consideran que el marco legal quedó desactualizado frente a los avances alcanzados por la investigación y la tecnología aplicada al cultivo.
El reclamo también se vincula con la necesidad de garantizar recursos para sostener el desarrollo tecnológico. En Brasil, los productores de soja adoptaron un esquema que, según lo planteado en el debate, permitió alcanzar cosechas y rendimientos superiores a los de la Argentina, incluso en zonas con suelos considerados limitantes. Además, a partir de un compromiso con Estados Unidos incluido en el marco de un acuerdo comercial, la Argentina debe avanzar con la adhesión al tratado internacional de la Unión Europea mencionado en el planteo.
