Nueva Jersey se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en establecer una moratoria de un año para la incorporación de etiquetas electrónicas de precios en los comercios. La medida fue impulsada por la gobernadora Mikie Sherrill y busca limitar el avance de sistemas capaces de modificar los valores de los productos en función de información vinculada con cada consumidor.

La Ley de Protección de Precios Justos dispone que los minoristas que todavía no utilizan esta tecnología no podrán instalarla durante el período de suspensión. En ese lapso, el estado evaluará el impacto de las etiquetas electrónicas sobre la formación de precios y sobre el uso de datos personales en las decisiones comerciales.

La norma también prohíbe que las empresas ajusten los precios en tiempo real a partir de información de los consumidores. Entre los datos contemplados figuran la actividad en línea, la ubicación, el historial de compras y otros registros que podrían utilizarse para determinar cuánto paga cada persona por un mismo producto. La ley entrará en vigor el 1 de febrero de 2027.

La restricción alcanzará únicamente a los comercios del estado que aún no hayan incorporado etiquetas electrónicas. Por lo tanto, la suspensión no obliga a desmantelar los sistemas ya instalados, sino que impide que los minoristas que todavía no los tienen sumen esa modalidad durante el período previsto.

Al anunciar la medida, Sherrill advirtió que las familias de Nueva Jersey enfrentan una presión creciente por el aumento de los precios y cuestionó que las empresas puedan utilizar datos personales de manera reservada para cobrarle más a una persona que a otra por el mismo producto.