Las controversias entre vecinos por la ubicación de árboles y setos en los límites de las propiedades se han transformado en un problema recurrente, generando tensiones que pueden culminar en multas, indemnizaciones e incluso litigios legales.

El Código Civil español regula de manera precisa estas situaciones, estableciendo distancias mínimas para la plantación de árboles y aclarando los derechos y deberes de los propietarios en caso de invasiones de ramas o raíces. Según esta normativa, salvo que existan ordenanzas locales que dispongan lo contrario, no se permite plantar árboles de gran tamaño a menos de dos metros de la línea divisoria entre terrenos, mientras que para arbustos o árboles pequeños la distancia mínima es de 50 centímetros.

Si un propietario desatiende estas restricciones, el vecino afectado tiene el derecho de solicitar la remoción de las plantas que excedan los límites establecidos. Esto convierte el respeto por las distancias en una herramienta eficaz para evitar disputas y salvaguardar tanto la propiedad propia como la ajena. Además, el crecimiento natural de las plantas puede generar nuevos conflictos con el tiempo, incluso si la plantación inicial respetó la ley, por lo que el artículo 592 del Código Civil permite al propietario afectado reclamar el corte de ramas que invadan su terreno, garantizando así la protección de su propiedad.