La situación de inseguridad jurídica en Colombia se agrava, ya que se ha revelado que alrededor de 19.800 predios, que fueron incautados a organizaciones criminales, corren el riesgo de ser devueltos a sus propietarios originales, es decir, a los delincuentes. Esta grave advertencia proviene de Amelia Pérez, directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quien expuso esta problemática durante una reunión con altos funcionarios del Gobierno Nacional, en la que también se discutieron amenazas dirigidas hacia el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman.

Pérez explicó que la situación se debe a una resolución de la Superintendencia de Notariado y Registro que ha dejado a estos bienes en un limbo legal. La funcionaria destacó que la Fiscalía General de la Nación aún no ha tomado acción sobre la extinción de las medidas cautelares que protegen estos predios, lo que podría facilitar su retorno al mercado. “Si no se actúa, esos bienes podrían ser recuperados por sus antiguos dueños, lo que es una gran preocupación para nosotros”, afirmó Pérez.

La directora de la SAE también hizo hincapié en las implicaciones que esta decisión podría tener en su propio cargo, ya que ha recibido amenazas relacionadas con la negativa de devolver estos bienes. Pérez expresó su frustración al ver que, mientras se protegen los activos de las mafias, los campesinos que han sido víctimas de este fenómeno continúan siendo despojados de sus tierras. La preocupación por el futuro de estos predios incautados no es un asunto aislado, sino que representa un desafío constante para el Gobierno en su lucha contra el crimen organizado.