Desde hace más de 50 años, familiares y organizaciones como Martxoak 3 han denunciado las graves consecuencias de la intervención policial que tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976. En este contexto, la principal demanda es que el Reino de España reconozca públicamente su responsabilidad en lo que se considera una "actuación policial criminal" que resultó en la muerte de cinco trabajadores y dejó cerca de un centenar de heridos en la disolución de una asamblea obrera en la iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en el barrio de Zaramaga.
Durante un homenaje realizado en el Palacio de Congresos Europa, la asociación Martxoak 3 reiteró su llamado al Estado español para que emita una declaración oficial que rectifique la versión histórica promovida durante el franquismo, exigiendo una asunción clara de culpas. En este acto, que reunió a familiares de las víctimas, sobrevivientes y figuras del ámbito social, las representantes de la asociación, Nerea Martínez y Leire Manzanos, subrayaron la necesidad de justicia no solo para los cinco trabajadores que perdieron la vida —Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo, Pedro Mari Martínez y Bienvenido Perea—, sino también para quienes fallecieron en protestas posteriores, como Juan Gabriel Rodrigo en Tarragona y Vicente Antón Ferrero en Basauri.
El homenaje también puso de relieve lo que el colectivo considera un "modelo de impunidad" en el Estado español, dado que, a lo largo de medio siglo, no se han llevado a cabo investigaciones por parte de las autoridades para esclarecer responsabilidades o reparar los daños causados. Las portavoces recordaron a todas las personas heridas, represaliadas y detenidas a raíz de estos eventos, enfatizando que la memoria colectiva de la comunidad de Gasteiz ha sido crucial para que la versión oficial no prevalezca, manteniendo viva la exigencia de justicia. En el marco del homenaje, se abordó el tema del "abandono institucional", señalando que las autoridades han condenado a las víctimas y sus familias al olvido y al silencio, un problema que ha comenzado a ser abordado recientemente, a pesar de los desafíos que aún persisten para establecer un espacio de memoria en la iglesia donde ocurrieron los hechos, un proyecto que busca ser un referente en la lucha contra la impunidad.
