Las autoridades de Lima y Callao han declarado un nuevo estado de emergencia que implica restricciones significativas a varios derechos constitucionales. Según el Decreto Supremo N.º 027-2026-PCM, durante esta situación, se limitarán la libertad de tránsito, de reunión, así como la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal en las áreas afectadas.

De acuerdo con informaciones oficiales, los operativos de las fuerzas de seguridad, que incluyen a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, se llevarán a cabo respetando los principios de legalidad y proporcionalidad, bajo la supervisión del Ministerio Público y la participación del Poder Judicial. Las zonas críticas serán patrulladas constantemente, utilizando mapas del delito y reportes de inteligencia para optimizar la seguridad.

Uno de los cambios más relevantes en este decreto es la restricción del traslado de dos personas en motocicletas lineales, las cuales serán prohibidas en áreas de alto riesgo. Esta medida busca dificultar la movilidad de grupos delictivos. Sin embargo, se exceptúa a personal de las fuerzas de seguridad, médicos, comunicadores y otros casos de fuerza mayor debidamente identificados. Las sanciones por el incumplimiento de estas normas serán severas, reflejando la seriedad con la que se aborda la situación de seguridad en la región.