La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, se reunió con los líderes de la oposición en el Congreso para presentar su agenda legislativa, que prioriza el desarrollo del tren eléctrico interurbano y la reactivación de la minería de oro en la zona de Las Crucitas. Este encuentro se llevó a cabo el jueves en San José, donde Fernández expresó su intención de avanzar en estas iniciativas antes de que finalice el actual periodo legislativo, que concluye el 1 de mayo.

Entre los proyectos más destacados se encuentra la reactivación de la exploración y explotación de oro en Las Crucitas, una región que ha sido objeto de un fallido proyecto minero y que actualmente se encuentra bajo el control de mineros ilegales. Estos operan utilizando métodos y químicos que representan un grave riesgo para la salud pública y el medio ambiente. La propuesta legislativa incluye un modelo de concesión para la creación de una "Planta de Procesamiento Centralizada de Las Crucitas", que se comprometería a eliminar el uso de mercurio y a cumplir con estrictos estándares ecológicos. El Estado recibiría un 5% de las ganancias, y el Ministerio de Ambiente y Energía se encargaría de asignar concesiones mediante subastas, asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado resistencia entre grupos ambientalistas y sectores de la oposición, que advierten sobre los peligros ecológicos que podría acarrear la minería en dicha área. Fernández defendió su iniciativa al señalar que busca regular una actividad que hoy opera sin supervisión estatal. "Vine a presentarme de manera respetuosa y a ofrecer mi colaboración para que esta Asamblea Legislativa, en las pocas semanas que quedan, pueda abordar problemas públicos", declaró a la prensa tras la reunión.

Otra de las prioridades mencionadas por Fernández es el proyecto del tren eléctrico interurbano, que cuenta con un presupuesto estimado de 800 millones de dólares. Este sistema ferroviario abarcaría 51 kilómetros, con 30 estaciones y dos líneas que conectarían las ciudades de Cartago, San José, Heredia y Alajuela, buscando mitigar los crecientes problemas de tráfico en el área metropolitana. La financiación del proyecto incluiría un préstamo de 250 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones y 550 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con aportes adicionales del Fondo Verde del Clima.

Además, Fernández propuso la ampliación de la carretera interamericana entre San José y San Ramón, un proyecto de 55,6 kilómetros que requeriría un crédito internacional de 770 millones de dólares.