La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Superintendencia Nacional de Salud un refuerzo en la supervisión de los planes de acción de la Nueva EPS. Esta medida surge en respuesta a las preocupaciones sobre el acceso y la calidad de los servicios de salud que afectan a más de 11 millones de afiliados, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de los pacientes.
La superintendente ad hoc, Luz Marina Munera, ha sido instada a intensificar la vigilancia sobre la gestión de la Nueva EPS. La Procuraduría enfatiza la necesidad de garantizar el derecho a la salud y asegurar que la administración de los recursos públicos sea transparente y efectiva, en un contexto donde existen crecientes dudas sobre la operatividad de la entidad aseguradora.
En el ámbito financiero, se ha solicitado la presentación de documentos que respalden el cierre y la aprobación de los estados financieros para los años 2023 y 2024. La Procuraduría también requiere información sobre la legalización de anticipos a la red de prestadores y proveedores, así como detalles sobre la regularización de las cuentas médicas. Se estableció un plazo de cinco días hábiles para la entrega de esta información, subrayando la importancia de la transparencia en la gestión dado el número de personas afectadas y los desafíos existentes en el sistema de salud.
